El análisis del gasto en salud en México revela una paradoja persistente: a pesar de los esfuerzos gubernamentales por fortalecer el sistema público y garantizar el acceso universal, la carga financiera de la atención médica recae de manera desproporcionada sobre los hogares de menores ingresos. Este fenómeno, documentado a través de estudios recientes y datos oficiales, no solo evidencia las fallas estructurales del sistema, sino que también tiene profundas implicaciones sociales y económicas para la población más vulnerable.
El presente análisis se apoyó en un documento de México Evalúa sobre el tema.
El problema central radica en el gasto de bolsillo (GdB), es decir, el dinero que las familias desembolsan directamente para cubrir servicios, consultas y, especialmente, medicamentos. Según un análisis de México Evalúa, basado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, el gasto de bolsillo en salud de los mexicanos aumentó un 41.4% en términos reales entre 2018 y 2024. El gasto trimestral promedio por hogar pasó de 1,135 a 1,605 pesos en el mismo periodo. Este incremento no es uniforme; su efecto es más severo en los hogares con menores recursos y sin acceso a seguridad social.
La regresividad del gasto es uno de los hallazgos más preocupantes. Los hogares del decil de menores ingresos (decil I) destinaron el 3.9% de su ingreso total al gasto en salud en 2024. Si se excluyen los apoyos sociales y transferencias del gobierno, que son una parte crucial de su ingreso, este porcentaje se eleva hasta un alarmante 5.9%. En marcado contraste, los hogares del decil más alto (decil X) solo destinaron el 2.1% de su ingreso a la atención médica, lo que demuestra un patrón regresivo donde la pobreza se convierte en un factor de riesgo para la salud financiera.
Un indicador clave de la vulnerabilidad es el gasto catastrófico en salud, definido como aquel que excede el 30% de la capacidad de pago de un hogar. En 2024, 1.11 millones de hogares incurrieron en este tipo de gasto, un aumento de 64.5% con respecto a 2018. Este aumento se concentra en los hogares de menores ingresos, donde la compra de medicamentos representa hasta el 50% de sus gastos totales en salud. La persistencia de este fenómeno, incluso entre la población afiliada al IMSS o ISSSTE, traslada el peso del financiamiento del sistema de salud directamente a los hogares.
Desde la perspectiva de la política pública, el gobierno ha enfocado sus esfuerzos en un nuevo modelo de atención. El presupuesto para el sector salud en 2024 presentó un aumento de aproximadamente el 10.84% en términos reales con respecto a 2023. Este incremento se ha canalizado principalmente a programas como el IMSS-Bienestar, un organismo público creado para proveer atención médica y hospitalaria gratuita a la población sin seguridad social. El presupuesto asignado a este organismo fue de 128,624 millones de pesos para 2024. Sin embargo, a pesar de este aumento, se ha señalado que los recursos destinados a la población sin seguridad social son insuficientes para compensar los recortes en otros programas y subsistemas de salud.
De hecho, a pesar del aumento en el gasto per cápita para la población sin seguridad social, una persona derechohabiente del IMSS sigue teniendo el doble de recursos que una persona con acceso a los servicios de salud para la población no asegurada. Esto subraya una desigualdad estructural que las reformas recientes, como la federalización del sistema de salud, buscan corregir pero aún no logran solventar por completo. Las reformas legales, como las de la Ley General de Salud de enero de 2024, han reiterado la gratuidad de los servicios de salud y medicamentos para quienes carecen de seguridad social. Sin embargo, la realidad operativa muestra un sistema fragmentado con desafíos significativos.
Entre los retos más apremiantes se encuentra el abasto de medicamentos. A pesar de las declaraciones oficiales que aseguran la resolución del problema y la adquisición de insumos hasta 2024, diversos informes indican que el desabasto persiste en varias instituciones de salud, afectando directamente a la población que depende de estos servicios. Esta carencia obliga a las familias, especialmente a las de bajos ingresos, a recurrir a la compra de fármacos en farmacias, lo cual constituye una de las principales fuentes de su gasto de bolsillo.
En conclusión, el panorama del gasto en salud en México refleja una crisis silenciosa que impacta con mayor dureza a quienes menos tienen. El aumento en el gasto público no se ha traducido en una reducción significativa del gasto de bolsillo, un fenómeno que empobrece a las familias y las deja en una situación de mayor vulnerabilidad económica. Si bien las reformas y el fortalecimiento de programas como el IMSS-Bienestar son pasos en la dirección correcta, los datos revelan que la asimetría en el acceso y el financiamiento persiste. La falta de cobertura efectiva y el desabasto crónico obligan a los más pobres a subsidiar de facto el sistema de salud, sacrificando su bienestar financiero para atender sus necesidades más básicas. Para avanzar hacia un sistema de salud verdaderamente universal y equitativo, será indispensable no solo aumentar la inversión pública, sino también garantizar que estos recursos se traduzcan en una atención oportuna, de calidad y, sobre todo, accesible para todos.
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