En solidaridad con María Amparo Casar
Se observa con preocupación cómo el panorama judicial se tiñe de tintes políticos en este cierre de 2025. El resurgimiento de una acusación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por presunto «uso ilícito de atribuciones» relacionado con una pensión vitalicia de Pemex, no parece un acto aislado de justicia. Más bien, apunta a una estrategia orquestada para amedrentar a la oposición. Esta carpeta de investigación, judicializada por la Fiscalía General de la República (FGR) bajo el mando de Ernestina Godoy, revive un caso de 2004 ligado al suicidio de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ex coordinador en Pemex. La FGR alega que Casar manipuló documentos para obtener una pensión de unos 31 millones de pesos, un monto que ha generado controversia. Pero, ¿es esto persecución de delitos o un arma para silenciar voces críticas?
Recordemos el contexto: Casar ha sido una figura clave en la denuncia de escándalos que erosionan la imagen de Morena y los gobiernos federales emanados de este partido. MCCI, bajo su dirección, ha expuesto irregularidades en contratos públicos, desvíos de fondos y opacidad en programas sociales durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum. Investigaciones como las relacionadas con el Tren Maya, Pemex y contratos de la Secretaría de Bienestar han pegado directo en el corazón del oficialismo. No es casualidad que esta acusación resurja justo cuando Godoy asume la FGR, tras un proceso controvertido que incluyó la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Godoy, ex fiscal de la CDMX y aliada cercana de Sheinbaum, prometió combatir la corrupción y la negligencia, pero sus primeras acciones sugieren un enfoque selectivo. ¿Por qué revivir un caso de hace dos décadas ahora, si no es para enviar un mensaje?
Este movimiento genera polémica inmediata: ¿Estamos ante una FGR independiente o una herramienta del poder ejecutivo para castigar disidentes? Críticos como la periodista Elena Chávez han calificado esto como «la primera venganza de Sheinbaum», argumentando que se persigue a mujeres que denuncian corrupción en la 4T. En redes, usuarios como @DerechaDiarioMX lo llaman «persecución política» por exhibir la corrupción del «narcogobierno». Por el contrario, simpatizantes de Morena, como @MONALI4T, celebran que «se le va a acabar la robadera» a esta «viuda negra», refiriéndose a la pensión como un abuso. Esta división polariza: ¿Es Casar una corrupta o una víctima de lawfare, ese uso del derecho para eliminar rivales políticos?
La coincidencia temporal es sospechosa. Godoy, al presentar su plan contra la corrupción, enfatizó una FGR «a la altura de los tiempos», pero acciones como esta —y la reciente captura de César Duarte— sugieren un patrón de golpes selectivos contra opositores. Analistas en foros como Instagram y Facebook cuestionan si esto no es un eco de autoritarismos pasados, donde la justicia se usa para intimidar. Imaginen el impacto: si MCCI, una ONG que ha destapado fraudes millonarios, ve a su líder enredada en procesos judiciales, ¿quién se atreverá a investigar? Periodistas como Pamela Cerdeira y Enrique Muñoz han alertado que esto enciende alarmas para activistas y políticos opositores. Fernando Belaunzarán lo tilda de «vil venganza de López Obrador».
Esta situación invita a la polémica: ¿Debe la FGR priorizar casos antiguos contra críticos mientras delitos graves como el narcotráfico o la violencia quedan impunes? ¿Es esto el inicio de una era donde la oposición vive bajo amenaza constante? Usuarios como @AleEsat acusan a Godoy de ser «una fiscal de consigna», mientras otros como @LosReporterosMX destacan los 31 millones como prueba de abuso. La audiencia del 16 de diciembre definirá si Casar enfrenta cargos formales, pero el daño reputacional ya está hecho.
En resumen, este caso no solo cuestiona la imparcialidad de la FGR, sino que sirve de advertencia: periodistas, activistas y opositores podrían ser los próximos. ¿Permitiremos que la justicia se convierta en instrumento de control? El debate está abierto, y en un México polarizado, urge transparencia para evitar que la democracia se erosione bajo pretextos legales.
