El gobierno mexicano, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha facilitado la entrega de 92 narcotraficantes a Estados Unidos en menos de un año, mediante un mecanismo no convencional que genera debate sobre su legalidad y motivaciones. Estas operaciones, realizadas en tres etapas —29 en febrero de 2025, 26 en agosto de ese año y 37 el 20 de enero de 2026—, se amparan en la Ley de Seguridad Nacional y responden a solicitudes directas del Departamento de Justicia estadounidense. Entre los trasladados figuran figuras prominentes como Rafael Caro Quintero, líderes de Los Zetas y operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusados principalmente de tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo.
Oficialmente, México presenta estas entregas como un avance en la cooperación bilateral contra el crimen organizado, argumentando que eliminan amenazas internas y fortalecen la soberanía al priorizar la seguridad nacional. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha enfatizado que los traslados respetan el marco jurídico mexicano y incluyen garantías de que ninguno de los reos enfrentará la pena de muerte en Estados Unidos, alineándose con el Tratado de Extradición vigente. Esta postura resalta un supuesto beneficio mutuo: México reduce la violencia doméstica al remover cabecillas, mientras Estados Unidos procesa a responsables del flujo de narcóticos que agrava su crisis de opioides.
Sin embargo, críticos cuestionan la opacidad del proceso. Expertos en derecho internacional argumentan que estos «traslados» evaden los procedimientos judiciales tradicionales, creando un precedente que podría erosionar la independencia judicial mexicana. Opositores políticos, incluyendo voces como la senadora Lilly Téllez, denuncian un «narcopacto» implícito en el anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sugiriendo que las entregas son concesiones forzadas por presiones económicas de Donald Trump. En este contexto, las operaciones coinciden con amenazas arancelarias estadounidenses, como el anuncio de febrero de 2025 de un 25% adicional sobre importaciones mexicanas por migración y drogas, y posteriores propuestas de hasta 30% en julio, pausadas tras negociaciones.
Desde la perspectiva estadounidense, representada en declaraciones de la Casa Blanca, estas entregas responden a demandas de «resultados verificables» en la lucha contra el fentanilo, que causa decenas de miles de muertes anuales en ese país. Analistas como Roberta Jacobson, exembajadora, destacan en foros como el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales que México enfrenta un dilema: ceder soberanía para evitar sanciones económicas que podrían desencadenar recesión, despidos masivos y tensiones sociales.
La polémica se intensifica al considerar los beneficios tangibles para México. Mientras el gobierno afirma avances en seguridad, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran persistencia en homicidios vinculados al narco. Críticos advierten que estas entregas podrían incentivar represalias criminales internas, sin garantizar reducciones en el tráfico de drogas. Además, la pausa en aranceles —como la prórroga de 90 días en agosto de 2025— parece un respiro temporal, no una victoria estratégica, exponiendo vulnerabilidades en la relación bilateral.
En suma, estas entregas ilustran un equilibrio precario: cooperación aparente que oculta asimetrías de poder. Si bien fortalecen la alianza contra el crimen transnacional, plantean interrogantes sobre la responsabilidad gubernamental y la autonomía mexicana ante presiones externas. El futuro dependerá de si México logra negociar concesiones recíprocas, como apoyo en control migratorio, o si las tensiones escalan hacia confrontaciones económicas.
