La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina del 22 de diciembre de 2025 la separación inmediata de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) involucrados en actos de extorsión contra connacionales que regresan de Estados Unidos por la temporada decembrina. El caso se originó a partir de un video difundido en redes sociales, grabado presuntamente la noche del 16 de diciembre en las oficinas del puente internacional Puerta México, en Matamoros, Tamaulipas. En las imágenes, dos elementos del INM solicitan dinero a paisanos para agilizar trámites o evitar revisiones, práctica que el organismo califica como contraria a la normatividad vigente.
Sheinbaum detalló que el jueves anterior le enviaron directamente el video, lo que desencadenó una respuesta institucional expedita: instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al comisionado del INM, Sergio Salomón Céspedes, revisar el incidente. Los agentes fueron separados de sus funciones, se notificó al Órgano Interno de Control y se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República contra los implicados y posibles cómplices. El INM reiteró su política de cero tolerancia a la impunidad, recordando líneas telefónicas y correos para denuncias de abusos durante el Programa Héroes Paisanos.
Este episodio resalta la persistencia de prácticas corruptas en puntos fronterizos, donde miles de mexicanos cruzan anualmente para reunirse con sus familias, inyectando recursos económicos significativos al país. Analistas destacan que, pese a operativos invernales diseñados para proteger a los connacionales, incidentes como este erosionan la confianza en instituciones migratorias. Críticos cuestionan si la respuesta reactiva —dependiente de videos virales— es suficiente para erradicar un problema estructural, o si revela deficiencias en supervisión interna y capacitación. Defensores gubernamentales argumentan que la acción inmediata demuestra compromiso con la transparencia, pero surge el debate: ¿por qué se requiere exposición pública para activar mecanismos que deberían operar de oficio?
La mandataria anunció que en 2026 se implementará un esquema general para investigar y sancionar reportes de corrupción en todas las dependencias federales, extendiendo el modelo aplicado en este caso. Esta iniciativa invita a controversia: mientras unos la ven como avance hacia rendición de cuentas sistemática, otros la interpretan como admisión implícita de que los controles actuales fallan, especialmente en entidades con historial de irregularidades como el INM. En un contexto donde las remesas superan los 60 mil millones de dólares anuales, la protección efectiva de paisanos no solo es cuestión ética, sino económica.
El incidente también pone en evidencia el doble filo de las redes sociales: herramienta de denuncia ciudadana que obliga a la autoridad a actuar, pero que expone vulnerabilidades institucionales. Si bien el gobierno rechaza generalizar el caso a toda la institución, la recurrencia de quejas similares en temporadas altas plantea interrogantes sobre la eficacia de reformas previas. La evolución de las investigaciones determinará si esta respuesta marca un punto de inflexión o se diluye en promesas pendientes, en un año donde la migración y la frontera seguirán siendo temas centrales.
