El programa 287(g) experimenta en 2025 un crecimiento alto, en solo 8 meses al pasar de 30 a 766 memorandos firmados entre agencias locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tal salto obedece a la política migratoria de la actual administración.
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El abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC. sostiene que “esto muestra una expansión del programa y un cambio en el entendimiento de la cooperación entre estados y gobierno federal en materia inmigratoria”.
¿Qué persigue el programa 287(g)?
Delegar funciones federales de control migratorio a policías estatales y locales. De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) incorporada por la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA por sus siglas en inglés) en 1996. Programa 287(g) que sólo se aplicó en 2002, cuando Florida firmó un acuerdo de cooperación con ICE tras los atentados del 11 de septiembre, pero con una expansión intermitente. Si bien la potestad legislativa para regular la inmigración está reservada la Congreso, son los estados que, a través de convenios, los que han delegado funciones reservadas al ICE, a policías locales y cárceles. Para el abogado Quiroga, “el debate no es si la inmigración es un asunto federal, porque así lo establece la ley, sino hasta dónde puede llegar la delegación de funciones en actores locales”.
El 287(g) opera través de 3 modelos. El primero de ellos: ejecución en cárceles, que aplica sobre detenidos en cárceles locales. El segundo, conocido como fuerza de tarea, que habilita a policías para operar en retenes y patrullajes, y el tercero: oficiales de servicio, que autoriza ejecutar órdenes de arresto dentro de prisiones. Al respecto, en 2025, la fuerza de tarea se consolidó como la modalidad dominante con 445 acuerdos. “Este modelo multiplica la presencia de ICE en las calles con un contacto más directo entre inmigrantes y autoridades locales”, dijo el abogado Quiroga.
El modelo de oficiales de servicio registra 258 convenios en 2025, concentrados en seis estados que acumulan más de la mitad. Entre otros, se destacan Texas, con 71 acuerdos firmados, seguido por Florida con 22.
Para el abogado de inmigrantes trabajadores Héctor Quiroga, “esta modalidad garantiza que una persona no salga en libertad sin que su situación migratoria sea revisada, lo que fortalece el control de ICE sobre la población detenida”. En contraste con otros estados que muestran mínima colaboración: Michigan, Nevada, Maine, Arizona e Idaho, con 34 acuerdos, entre ellos.
El crecimiento del programa 278 (g) en 2025 se extiende a nuevos territorios.
El crecimiento no se limita a los acuerdos vigentes: en 2025 existen 18 solicitudes en trámite, la mayoría en Texas, Virginia, Louisiana, y ahora Nebraska que busca incorporarse al modelo de oficiales de servicio que, acorde a criterio del abogado Quiroga, “indicaría que las solicitudes en espera confirman que el 287(g) sigue en plena expansión y probablemente veremos más estados sumarse en los próximos meses”.
Este crecimiento tiene dos lecturas en el debate nacional. La primera, que apunta a señalar que con este tipo de modelos se refuerza la seguridad pública y, la segunda, que da a entender que, como consecuencia de su aplicación, se incrementan los riesgos de discriminación y separación familiar.
Para el abogado de trabajadores inmigrantes Héctor Quiroga “el 287(g) muestra la política migratoria actual, pero las preguntas sobre derechos, justicia y el equilibrio de poderes entre lo local y lo federal, están sin respuestas satisfactorias”. Lo cierto es que se advierte una vulneración a la Constitución, que es clara al definir que la potestad regulatoria en este tipo de temas le corresponde al Congreso.
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