El sistema penitenciario mexicano enfrenta un reto persistente en la custodia de reos. Durante el mes de noviembre de 2025, se registraron 11 casos de evasión de presos en el país, lo que representa un incremento del 38% en comparación con los 8 incidentes reportados en el mismo mes del año anterior. Este repunte enciende las alertas sobre la seguridad en los centros de reclusión estatales y federales.
En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum (periodo de octubre 2024 a noviembre 2025), la cifra acumulada asciende a 97 evasiones. Aunque los analistas de seguridad señalan que el nivel se mantiene bajo si se compara con los años pico de la década pasada —donde se llegaron a registrar hasta 153 fugas en un solo año (2016)—, la existencia de «focos activos» en entidades específicas sugiere vulnerabilidades críticas que no han sido erradicadas.
La geografía de las fugas: ¿Dónde se concentran?
La incidencia de este delito no es uniforme en todo el territorio nacional. Según las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tres entidades concentran aproximadamente el 41% de todas las evasiones registradas en el actual sexenio: la Ciudad de México con 17 casos, el Estado de México con 14 y Tabasco con 9 registros.
Sin embargo, al analizar los datos mediante tasas por cada millón de habitantes para medir el impacto proporcional, el panorama cambia. Bajo este enfoque, Quintana Roo y Tabasco lideran la estadística con una tasa de 4 casos por millón, seguidos por la Ciudad de México con 2. Mientras tanto, el promedio nacional se sitúa cerca de una evasión por cada millón de residentes.
Una tendencia a la baja con desafíos pendientes
A pesar del incremento mensual reciente, la perspectiva histórica muestra un descenso significativo. En los últimos diez años, México ha logrado reducir la evasión de presos en aproximadamente un 37%, pasando de los 153 casos en 2016 a los 97 proyectados para el cierre de 2025.
Esta reducción general refleja esfuerzos en la modernización de protocolos, pero los eventos recientes en noviembre subrayan que la guardia no puede bajarse. La concentración delictiva en el centro y sur del país obliga a las autoridades a revisar no solo la infraestructura física de los penales, sino también la integridad de los cuerpos de custodia y los posibles actos de corrupción que facilitan estas salidas no autorizadas.
La seguridad en las cárceles sigue siendo un termómetro clave de la gobernabilidad. Con casi un centenar de fugas en poco más de un año de gestión, el control de los centros penitenciarios se mantiene como una prioridad en la agenda de seguridad pública para evitar que las prisiones se conviertan en «puertas giratorias» para la delincuencia organizada.
