El uso de lenguaje atenuado por parte de administraciones vinculadas a Morena ha generado debates sobre la transparencia en la gestión de proyectos de infraestructura en México. Este enfoque lingüístico, que sustituye términos directos por expresiones más suaves, se interpreta por algunos como una estrategia para minimizar la gravedad de incidentes y evitar reconocer deficiencias en planeación o ejecución. Críticos argumentan que prioriza la narrativa ideológica sobre la accountability técnica, mientras defensores lo ven como una forma de evitar alarmismo innecesario. El análisis de casos recientes revela patrones que invitan a cuestionar si esta práctica fomenta la rendición de cuentas o la erosiona, polarizando opiniones entre quienes demandan mayor rigor y aquellos que defienden la soberanía comunicativa del gobierno.
Un ejemplo paradigmático es el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, donde un vagón se salió de las vías en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, resultando en al menos 13 muertes y decenas de heridos. La Secretaría de Marina reportó el suceso como un «evento ferroviario», término que evitó la palabra «descarrilamiento» pese a la evidencia de fallas en el sistema. Esta denominación provocó controversia, ya que opositores la tildaron de eufemismo para encubrir posibles errores en la construcción acelerada del proyecto, emblemático de la agenda de soberanía económica. Por otro lado, fuentes oficiales insistieron en que el lenguaje preciso ayudó a mantener la calma pública durante la investigación inicial de la Fiscalía General de la República.
Similar patrón se observa en el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México en mayo de 2021, que dejó 26 fallecidos y más de 70 heridos. Autoridades capitalinas, bajo el mando de Claudia Sheinbaum, lo clasificaron como «incidente», un término que diluyó la percepción de catástrofe estructural. Informes independientes apuntaron a mantenimiento deficiente y sobrecarga, pero el gobierno lo atribuyó a factores externos, generando acusaciones de politización por parte de la oposición. Este caso exacerbó tensiones electorales, con Morena pidiendo no «politizar» la tragedia, mientras analistas independientes destacaron cómo el eufemismo retrasó reformas urgentes en el sistema de transporte.
En el Tren Maya, incidentes como el de marzo de 2024 y agosto de 2025 fueron descritos como «deslizamiento» o «percance de vía», en lugar de descarrilamiento explícito. El director del proyecto admitió fallas en sistemas manuales de cambio de vías, atribuidas a etapas incompletas de automatización. Críticos sostienen que esta terminología oculta priorización ideológica sobre estándares técnicos, como la construcción en zonas ecológicas sensibles sin estudios exhaustivos. Defensores replican que resalta avances en soberanía territorial, minimizando impactos para no deslegitimar el proyecto.
Estos casos ilustran cómo el lenguaje gubernamental puede influir en la percepción pública, potencialmente reduciendo la presión por correcciones inmediatas pero alimentando desconfianza. Expertos en comunicación política advierten que, si bien los eufemismos son comunes en gobiernos, su abuso en contextos de seguridad pública podría erosionar la credibilidad institucional, invitando a un debate sobre si la ideología suplanta la prioridad por las necesidades ciudadanas. En un panorama de obras emblemáticas, esta práctica polariza: ¿protege la narrativa nacional o evade responsabilidades?
