Los recientes escándalos que involucran al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, y la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, revelan coincidencias en la controversia en instituciones clave, con un hilo conductor subyacente: antecedentes vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aunque estos casos han sido ampliamente cubiertos por medios, el enfoque en sus raíces priístas permanece poco explorado, lo que invita a cuestionar la influencia persistente de redes políticas tradicionales en entornos supuestamente renovados.
En el ámbito judicial, la SCJN ha enfrentado críticas por gastos que contrastan con la narrativa de austeridad promovida por el gobierno federal. La adquisición de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee, valoradas en millones de pesos, desató indignación pública en enero de 2026, al percibirse como un despilfarro en un contexto de recortes presupuestales. Aguilar Ortiz anunció la devolución de los vehículos, argumentando necesidades de seguridad, pero el episodio se sumó a otros como viajes en clase ejecutiva de ministros y un video viral donde colaboradores, incluida la directora de Comunicación Social, Amanda Pérez Bolaños, limpian sus zapatos durante un evento oficial. Él atribuyó el incidente a un accidente con café, ofreciendo disculpas, pero críticos lo interpretan como símbolo de prepotencia jerárquica. Pérez Bolaños, designada en el equipo de Aguilar, tiene antecedentes como candidata suplente a una diputación por el PRI, lo que plantea interrogantes sobre la permeabilidad partidista en el Poder Judicial, tradicionalmente autónomo.
Por otro lado, la detención de Diego Rivera Navarro el 5 de febrero de 2026, en el marco de la Operación Enjambre, expone presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Acusado de extorsión a empresas tequileras, desvíos de recursos y secuestro de precandidatos de Morena en 2021 para forzar renuncias, Rivera lideraba una red que fusionaba poder municipal con actividades ilícitas. Elegido en 2024 como el primer alcalde morenista de Tequila, tras décadas de dominio PAN y PRI, su trayectoria previa es opaca: sin cargos públicos notorios antes de unirse a Morena, pero influida por su padre, un militante priísta que moldeó sus inicios políticos. Defensores argumentan que las acusaciones responden a disputas locales, mientras opositores ven en ellas evidencia de corrupción infiltrada en partidos emergentes.
Ambos casos comparten el eco de militancia priísta: en Pérez, como vínculo directo, y en Rivera, como herencia familiar que facilitó su ascenso. Esta conexión, aunque no causal, genera polémica al sugerir que estructuras del viejo régimen persisten, erosionando la confianza en instituciones. Aquí aparece la exigencia de mayor transparencia en nombramientos y trayectorias, evitando que lealtades partidistas comprometan la imparcialidad. Otra perspectiva defiende que estos antecedentes no invalidan méritos individuales, atribuyendo los escándalos a fallas sistémicas más amplias. En un contexto de reforma judicial reciente, estos episodios alimentan debates sobre responsabilidad institucional, cuestionando si la renovación política ha sido superficial. Analistas coinciden en que, sin mecanismos robustos de escrutinio, tales controversias podrían perpetuarse, afectando la gobernabilidad.
