El vocero de los diputados de Morena ha recibido contratos y concesiones con el Gobierno de la 4T: en Pemex rentó camionetas blindadas, en el aeropuerto de la CDMX y en el Banco del Bienestar ofreció servicios de vigilancia y en Liconsa tres empresas en las que han participado él y su familia presentaron propuestas al mismo tiempo, tratando de obtener contratos. Cuando ya se desempeñaba como legislador, la Secretaría de Seguridad le notificó personalmente la autorización para que la empresa que fundó ofrezca servicios en todo el país, pese a que el propio Ávila asegura que dejó su empresa antes de ser diputado.
Mientras Arturo Ávila Anaya trabajaba en la Secretaría de Gobernación, tres empresas de seguridad en las que han participado él y su familia presentaron propuestas para tratar de obtener un contrato en Liconsa, empresa que en ese momento pertenecía a Segalmex, la dependencia en la que ocurrió el mayor escándalo de corrupción en el sexenio de López Obrador.
Ávila Anaya, actual vocero de los diputados federales de Morena, entró a trabajar a la Secretaría de Gobernación como director de enlace el 10 de octubre de 2022, y once días después de que se incorporó como funcionario, las empresas IBN Industrias Militares (que él fundó), Share y Asociados (en la que ha sido socio) y Blindajes Urbanos (fundada por su papá y dirigida por su hermana) presentaron propuestas en un procedimiento de contratación en Liconsa.
En la apertura de propuestas del procedimiento, realizada en el 21 de octubre de 2022, cada una de las empresas vinculadas presentó una postura distinta, por lo que compitieron entre sí. Esa práctica es conocida en el sector empresarial como “simulación de competencia”.
Las tres empresas ligadas a Ávila Anaya y su familia presentaron posturas para obtener el contrato de mantenimiento integral del suministro de energía y de ventilación en las oficinas centrales de Liconsa, pese a que su actividad comercial es la seguridad.
El 3 de noviembre de 2022, la gerencia de adquisiciones de Liconsa notificó el fallo del procedimiento. IBN Industrias Militares y Share y Asociados fueron descalificadas por no haber cumplido con la documentación legal y administrativa, mientras que Blindajes Urbanos rebasó el techo presupuestal al haber presentado la propuesta más cara.
De esa forma, las dos partidas en las que habían competido entre sí las tres empresas vinculadas, fue declarada desierta.
Permisos y contratos en otras áreas
Aunque en Segalmex no lograron obtener contrato pese a haber competido por partida triple, las empresas de Ávila Anaya y su familia corrieron con mejor suerte en otras dependencias.
Un caso reciente ocurrió el 14 de noviembre de 2024, cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, le refrendó la autorización para prestar los servicios de seguridad privada a IBN Industrias de Inteligencia Artificial, que es la nueva razón social de IBN Industrias Militares, la empresa fundada por Ávila Anaya.
En el expediente 383/2024 consta que la notificación del permiso fue enviada al correo electrónico arturoavilaanaya@
Ávila Anaya tenía un mes y medio de haber tomado protesta como diputado federal cuando la Secretaría de Seguridad otorgó a IBN el permiso para brindar en todo el territorio nacional servicios de seguridad privada a personas y bienes; instalación de sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos, la comercialización de chalecos blindados y la instalación de sistemas de posicionamiento global (GPS).
En la campaña presidencial de 2018, Ávila Anaya fue promotor de López Obrador como candidato de Morena; al año siguiente de que AMLO asumió el poder, fue beneficiado con un primer contrato en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que su empresa IBN prestara servicios de seguridad y vigilancia por un pago mensual por hasta 3.5 millones de pesos (equivalente a un máximo de 42 millones de pesos al año). El contrato de vigilancia se refrendó y se extendió hasta agosto de 2022, aunque en el refrendo se acordó un pago menor al establecido originalmente.
Los contratos en el aeropuerto fueron firmados por el propio Ávila Anaya como administrador único de IBN, según consta en los documentos revisados por MCCI.
Petróleos Mexicanos fue otra dependencia que benefició con contratos a la empresa fundada por Ávila Anaya. El 17 de marzo de 2021, una hermana del ahora diputado firmó como representante legal de IBN en el contrato número 4800031486 que Pemex le otorgó el 17 de marzo de 2021, por el arrendamiento de camionetas con blindaje. El monto acordado en el contrato fue por 4 millones 731 mil pesos por un máximo de ocho meses.
Un segundo contrato que Pemex asignó directamente a IBN (con número 4800031311) estuvo vigente en 2021 y 2022, y el monto acordado fue por 13 millones 780 mil pesos.
El argumento que esgrimió Pemex para otorgar el contrato sin licitación fue que “en el mercado no existieron servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables”.
Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://
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