México Evalúa presenta un análisis crítico de la propuesta de reforma judicial que busca la elección popular de jueces. Este informe argumenta que dicha reforma podría politizar el sistema judicial y comprometer su independencia. En cambio, se proponen reformas para mejorar la transparencia y la meritocracia en la designación de jueces. Se sugiere abrir convocatorias públicas, ampliar las prohibiciones para evitar conflictos de interés y fortalecer los concursos de oposición.
El objetivo es garantizar un poder judicial justo e independiente, seleccionando a los candidatos más capacitados y comprometidos con la justicia.
Estos son los argumentos, a favor y en contra, sobre la elección popular de jueces:
Argumentos en contra de la elección popular de jueces:
- Riesgo de captura política: La elección de jueces por voto popular podría facilitar la captura política del Poder Judicial, poniendo en riesgo su imparcialidad.
- Experiencias internacionales negativas: En algunos estados de Estados Unidos y en Bolivia, la elección popular de jueces no ha garantizado la selección de los candidatos más capacitados. Además, reduce la participación informada de la ciudadanía.
- Baja participación y falta de información: Las elecciones de jueces en Estados Unidos tienen poca participación y los votantes no están bien informados. En Bolivia, la mayoría de los votos son nulos o blancos y el proceso está politizado.
- Contradicción con estándares internacionales: La propuesta de elegir a los juzgadores por voto popular es contraria a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, que sugieren evitar la participación de órganos políticos en la designación de jueces.
Argumentos a favor de la elección popular de jueces:
- Democratización y acceso a la justicia: La elección por voto popular se presenta como una forma de democratizar y mejorar el acceso a la justicia.
- Mayor legitimidad: La elección popular podría aumentar la legitimidad del Poder Judicial al involucrar directamente a la ciudadanía en la selección de sus representantes.
- Oportunidad de mejora: A pesar de los riesgos, la discusión sobre la elección popular abre la puerta a mejorar los procesos de designación judicial y a buscar mecanismos para una justicia más independiente.
Es importante señalar que, si bien la participación ciudadana es indispensable, el voto popular no es la mejor opción para garantizar la cultura democrática o el acceso a la justicia. En cambio, es necesario fortalecer la transparencia y la meritocracia en la designación de jueces a través de convocatorias públicas, ampliación de prohibiciones para evitar conflictos de interés y fortalecimiento de los concursos de oposición.
Cómo mejorar la selección de jueces
México Evalúa propone una serie de reformas orientadas a mejorar la transparencia y la meritocracia en la designación de jueces, organizadas en ocho tópicos principales. En lugar de la elección de jueces por voto popular, que podría facilitar la captura política del Poder Judicial, México Evalúa propone un plan de acción viable y efectivo para asegurar un sistema judicial justo, independiente y confiable.
Las propuestas de México Evalúa se centran en:
- Mejorar los nombramientos de ministros.
- Abrir una convocatoria pública.
- Ampliar las prohibiciones para acceder a la responsabilidad, evitando conflictos de interés. Esto incluye agregar cargos que impliquen una relación profesional o política con la Presidencia o gobiernos estatales, militancia partidista, o ser familiar hasta el cuarto grado del titular del Ejecutivo. Se recomienda ampliar la temporalidad de estas prohibiciones a tres años.
- Transferir la facultad de nombramiento al Pleno de la Corte en caso de rechazo de dos ternas del presidente.
- Permitir la impugnación de las designaciones por parte de la ciudadanía.
- Asegurar el equilibrio y la pluralidad de perfiles dentro de la Corte, promoviendo una integración igualitaria entre funcionarios de carrera judicial y personas externas a las instancias judiciales.
- Garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas aspirantes, priorizando candidaturas de poblaciones históricamente marginadas.
- Analizar los requisitos y prohibiciones con base en criterios objetivos, incluyendo la revisión de la trayectoria laboral y la evolución patrimonial de los aspirantes.
- Establecer un plazo específico en caso de renuncia o fallecimiento durante el encargo, para mantener el escalonamiento en las designaciones.
- Justificar los perfiles propuestos en la terna, con una argumentación sobre los elementos objetivos que permitieron establecer la idoneidad de las personas propuestas.
- Revisar los perfiles incluidos en la terna con base en criterios objetivos, elaborando cédulas de evaluación que detallen el cumplimiento de requisitos normativos y estándares internacionales.
- Establecer plazos mínimos y máximos para cada etapa del proceso de designación.
- Asegurar que los nombres incluidos en la primera terna no se repitan en la segunda.
- Garantizar la transparencia y máxima publicidad del proceso de designación.
- Definir los alcances y transparentar la participación ciudadana, ampliando los mecanismos de participación directa e invitando a académicos a realizar preguntas a los aspirantes.
- Perfeccionar el proceso para designar magistrados y jueces del ámbito federal.
- Conservar la modalidad del concurso de oposición, pero fortaleciendo los requisitos.
- Asegurar una mayor transparencia y participación ciudadana.
- Fortalecer los requisitos y prohibiciones.
El voto popular no es la mejor opción
México Evalúa se opone a la elección de jueces mediante voto popular principalmente porque considera que esta medida podría facilitar la captura política del Poder Judicial, poniendo en riesgo su imparcialidad. En lugar de fortalecer la independencia judicial, la politización del proceso judicial podría comprometer la calidad de las decisiones judiciales.
Además, la experiencia internacional, como en algunos estados de Estados Unidos y en Bolivia, demuestra que la elección popular de jueces no necesariamente garantiza la selección de los candidatos más capacitados. En estos casos, se ha observado baja participación ciudadana, falta de información al momento de votar y procesos altamente politizados. Específicamente, en Bolivia, la ciudadanía participa poco y las personas designadas no son las más idóneas.
La propuesta de elegir a los juzgadores por voto popular es contraria a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados. Estos organismos sugieren evitar la participación de órganos políticos en la designación de jueces, ya que implica el riesgo de que se politicen.
En cambio, México Evalúa propone una serie de reformas orientadas a mejorar la transparencia y la meritocracia en la designación de jueces, como convocatorias públicas, ampliación de prohibiciones para evitar conflictos de interés y fortalecimiento de los concursos de oposición. El objetivo es asegurar un sistema judicial justo, independiente y confiable, alejando cualquier intento de injerencia política.
