El fenómeno del huachicol fiscal en México se ha convertido en un delito que ha evolucionado de un robo tradicional de combustibles a una sofisticada red de evasión fiscal y contrabando.
Surgido en el contexto de la apertura energética de 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, este problema se intensificó notablemente en el periodo de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), afectando gravemente las finanzas públicas y la estabilidad institucional. Con datos actualizados al 2025, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, se evidencia que el huachicol fiscal no solo drena recursos, sino que fomenta corrupción en altos niveles y violencia, con repercusiones que persisten en la actualidad.
El huachicol fiscal se define como la importación ilegal de combustibles, principalmente gasolina y diésel, procedentes de Estados Unidos, mediante la manipulación de documentos aduaneros. En lugar de perforar ductos como en el huachicol tradicional, se simula el ingreso de productos no gravados, como «aditivos para aceites lubricantes», evadiendo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y otros aranceles. Esta modalidad, acuñada por el gobierno de López Obrador, representa hasta el 30% del mercado de combustibles en México, según estimaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En 2024, se importaron ilegalmente unos 18 mil millones de litros, generando ganancias ilícitas millonarias para redes criminales y funcionarios corruptos.
Durante el sexenio de López Obrador, el problema alcanzó niveles alarmantes, con un incremento del 120% en el contrabando fiscal al final de su mandato, según cifras del SAT citadas por legisladores del PAN. Entre 2019 y 2024, las pérdidas acumuladas superaron los 554 mil millones de pesos, equivalentes a un desfalco diario de 485 millones. Esta escalada se vincula directamente a la militarización de aduanas y puertos, decretada en 2020 para combatir la corrupción, pero que paradójicamente facilitó la infiltración de redes delictivas en la Secretaría de Marina (Semar). El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario Rafael Ojeda, es acusado de encabezar una red que operaba en puertos como Tampico y Altamira, involucrando a marinos, empresarios y funcionarios aduaneros. Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que entre abril de 2024 y marzo de 2025, al menos 31 buques descargaron millones de litros de combustible ilegal, protegidos por sobornos y nepotismo.
La gravedad se agrava por la conexión con el crimen organizado. Cárteles como el del Golfo y La Barredora, este último presuntamente ligado a exfuncionarios de Morena en Tabasco, utilizaban estas ganancias para financiar campañas políticas y operaciones narcotraficantes. El Observatorio Ciudadano de Energía estima que el huachicol fiscal representa la segunda fuente de ingresos para el crimen organizado, solo por detrás del narcotráfico, con un total de 30 mil millones de dólares perdidos en la última década. En el sexenio de AMLO, pese a decretos que proclamaban el control del huachicol, las tomas clandestinas aumentaron un 71% respecto al periodo anterior, y el contrabando fiscal creció un 61% solo en el primer año. Críticos como el analista Alfredo Figueroa argumentan que la política de «abrazos, no balazos» y la entrega de aduanas a militares, sin controles independientes, crearon un «caldo de cultivo» para la corrupción, erosionando la confianza en instituciones como la Semar, antes vista como incorruptible.
Las consecuencias actuales para México son multifacéticas y devastadoras. Económicamente, las pérdidas anuales de 177 mil millones de pesos en 2024 —equivalentes al 44% de la recaudación de IEPS por combustibles— limitan el gasto en salud, educación y seguridad. Estos recursos podrían haber financiado quimioterapias, escuelas o patrullas, como señala el PAN, y representan casi el presupuesto completo de la Secretaría de Energía. En 2025, el gobierno de Sheinbaum ha intensificado decomisos, recuperando más de 30 millones de litros en los primeros meses, un 300% más que en todo el sexenio anterior, pero el daño acumulado persiste. Socialmente, el combustible adulterado o «rendido» afecta a consumidores, elevando riesgos de accidentes y contaminando el mercado, con un 10% del total de ventas ilícitas según Verifigas.
En términos de seguridad, el huachicol fiscal ha generado al menos ocho asesinatos vinculados, incluyendo al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Laguna en 2024, quien denunció la red y fue ejecutado en Colima junto a una agente de la FGR. Otros casos incluyen el suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez en septiembre de 2025, bajo investigación por sobornos, y la muerte de Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar de la FGR que expuso operaciones ilícitas. Estas violencias, ligadas a disputas por control de rutas, han escalado la inseguridad en estados como Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz, donde se distribuye el 70% del contrabando. Internacionalmente, Estados Unidos ha sancionado a empresarios mexicanos y presionado a México, con la embajada estadounidense destacando en julio de 2025 que refinerías texanas refinan crudo robado para reexportarlo ilegalmente, complicando relaciones bilaterales.
Políticamente, el escándalo erosiona la legitimidad de Morena. Detenciones como la de Farías Laguna y Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco, revelan nexos con la «4T», incluyendo financiamiento a campañas de gobernadores y diputados. Aunque Sheinbaum ha prometido «investigaciones hasta las últimas consecuencias», la protección aparente a figuras como Ojeda genera desconfianza. Reformas aduaneras en curso buscan desmilitarizar puertos y fortalecer inspecciones, pero el legado de corrupción requiere una depuración profunda para restaurar la recaudación, que subió un 20% en el primer trimestre de 2025 gracias a medidas enérgicas.
En conclusión, el huachicol fiscal es una crisis grave que, exacerbada en el sexenio de López Obrador, amenaza la soberanía económica y la gobernabilidad de México. Sus consecuencias —desfalco fiscal, violencia y descrédito institucional— demandan acciones coordinadas entre gobiernos federal y estatal, con énfasis en transparencia y cooperación internacional. Sin reformas estructurales, este «cártel de Estado» podría profundizar la desigualdad y la inestabilidad, socavando el desarrollo nacional.
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