El gobierno mexicano se niega a investigar terrorismo por coche bomba en Michoacán

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La resistencia del gobierno federal mexicano a clasificar el atentado con coche bomba en Coahuayana, Michoacán —ocurrido el sábado 6 de diciembre de 2025—, como un acto de terrorismo es un tema que genera debate profundo, y las posibles motivaciones políticas y geopolíticas saltan a la vista. Vamos a desglosarlo con base en los hechos recientes, declaraciones oficiales y el contexto más amplio, para ver si esa «resistencia» responde a un cálculo estratégico o a una limitación legal/jurídica. Hay elementos que sugieren un enfoque cauteloso para evitar escaladas innecesarias, pero también riesgos de que esto se perciba como negacionismo.

¿Qué pasó exactamente en Coahuayana?

– El incidente: Alrededor de las 12:00 horas locales, una camioneta Dodge Ram tipo Dakota (procedente de Colima, según videovigilancia) explotó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, a menos de 100 metros de la alcaldía. El vehículo llevaba explosivos (posiblemente fabricados con precursores químicos comunes en la región, como fertilizantes o materiales de minería ilegal). El saldo: 5 muertos (3 policías comunitarios, el conductor —presunto sicario— y un civil) y 12 heridos (incluyendo daños en viviendas, un hospital comunitario y comercios cercanos). La onda expansiva fue tan fuerte que calcinó el vehículo y dañó estructuras a cuadras de distancia.

– Contexto local: Coahuayana es un municipio costero (frontera con Colima) clave para el trasiego de cocaína desde Sudamérica vía el Pacífico (270 km de litoral controlado por la Marina). La zona está en disputa entre células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos (incluyendo Los Viagras), que buscan rutas para drogas, extorsión y minería ilegal. La Policía Comunitaria, no reconocida oficialmente por el estado (por no someterse al Sistema Nacional de Seguridad Pública), actúa como fuerza paralela contra el narco.

Esto no es un caso aislado: Michoacán ha visto un auge en el uso de explosivos desde 2022 (de 160 decomisos en 2022 a más de 2,000 en 2025, según la SSP estatal), incluyendo drones y minas antipersonal. Pero un coche bomba suicida es escalada: evoca tácticas de grupos como el IRA o Hezbollah, aunque aquí el móvil es territorial, no ideológico.

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La «resistencia» oficial: De terrorismo a delincuencia organizada

– Confusión inicial: El sábado 6, la FGR (bajo Ernestina Godoy) abrió una carpeta por terrorismo en coordinación con la Marina y el Gabinete de Seguridad. Esto generó titulares y alarmas, ya que encajaba con la definición del Código Penal Federal (art. 139 Quintus): «causar daño o poner en peligro bienes jurídicos para infundir terror o pánico». Godoy lamentó las víctimas en X y activó protocolos de apoyo médico.

– Reclasificación rápida: El domingo 7, la FGR corrigió: «Hubo una confusión en la redacción del comunicado». Pasó a ser investigado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) bajo cargos de delincuencia organizada, tráfico de armas, acopio de armas y homicidio. Omar García Harfuch (SSPC) lo confirmó el 9 de diciembre en la mañanera: «No cumple con las características de terrorismo, según la ley mexicana e internacional (Convención de Palermo, ONU). El terrorismo busca objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales; esto es criminal: ampliar rutas de trasiego, extorsión y control territorial entre CJNG y Cárteles Unidos».

Reacciones políticas:

– Morena: Adán Augusto López (senador) fue tajante: «En México no hay terrorismo; es delincuencia organizada. No es afrenta al gobierno, sino pugna entre criminales». Sheinbaum defendió a Godoy: «Se está instalando en la FGR; las fiscalías reclasifican delitos». Insisten en que el Plan Michoacán por la Paz y Justicia (lanzado en noviembre 2025) ya despliega 10,000 elementos federales (Sedena, Marina, GN) y ha reducido homicidios en 15% en la zona.

– Oposición: PRI y PAN lo llaman «negacionismo». Ernesto López Portillo (Ibero) critica: «Contraviene marcos legales; es terrorismo para sembrar terror y ganar territorio». En X, usuarios como @perladil y @MexicoalDerecha lo ven como eufemismo para no admitir fracaso en seguridad.

La reclasificación parece técnica (evitar herramientas antiterrorismo que no aplican a narcos motivados por lucro), pero huele a corrección política para no inflar la crisis.

¿Por qué esta resistencia? La hipótesis que encaja perfecto

La hipótesis es que la reclasificación se hizo para no afectar la imagen del país y también de Morena. México ya enfrenta escrutinio internacional, y clasificar esto como terrorismo podría:

– Daño reputacional: A 6 meses del Mundial 2026 (coanfitrión con EE.UU. y Canadá), que inyectará miles de millones en turismo y obra pública. FIFA y sponsors ya presionan por «estabilidad»; un «terrorismo» declarado podría espantar inversores o activar cláusulas de salida. Recuerda el pánico post-2010 en Sudáfrica por ataques xenófobos.

– Presiones de Trump: Desde enero 2025, Trump firmó una orden ejecutiva designando a cárteles (CJNG, Sinaloa, Golfo, etc.) como organizaciones terroristas extranjeras (FTO), junto a Tren de Aragua y MS-13. Esto habilita:

– Sanciones financieras duras (bloqueo de activos, extradiciones masivas).

– Posible intervención militar «precisa» (drones, fuerzas especiales en México, como amenazó Pete Hegseth, secretario de Defensa).

– Trump acusa a Sheinbaum de «alianza secreta con narcos» y ya impuso aranceles del 5% a México por fentanilo (enero 2025). Aceptar «terrorismo» en suelo mexicano justificaría más intervencionismo: «Si son FTO, podemos actuar en su territorio como en Siria». Sheinbaum rechazó esto en mayo: «Soberanía no se negocia». Pero con elecciones intermedias en 2027 (donde Morena busca mayoría calificada), un «escándalo terrorista» podría erosionar el discurso de «abrazos, no balazos» y avivar la oposición.

– Consecuencias electorales: En 2027, la inseguridad es el talón de Aquiles de Morena (ENCIG 2025: 62% de mexicanos ven la violencia como el principal problema). Clasificarlo como «terrorismo» admitiría fracaso del Plan Michoacán y abriría flanco a acusaciones de «narcoestado». Mejor: «Es crimen organizado, no ideológico», para mantener el control narrativo.

FactorImpacto de clasificar como «terrorismo»Razón oficial para rechazar
Imagen internaAdmite escalada narco; erosiona confianza en Sheinbaum (homicidios subieron 8% en Michoacán 2025).«No es afrenta al gobierno; pugna entre criminales» (Adán Augusto).
Mundial 2026Riesgo de boicots o seguros caros; afecta turismo (esperado: 5M visitantes).Enfoque en «delincuencia organizada» minimiza pánico.
Trump/EE.UU.Justifica FTO y acciones unilaterales (ataques como los a barcos venezolanos en sept. 2025).Evita escalada diplomática; México coopera en inteligencia sin ceder soberanía.
Electoral 2027Oposición usa para campaña: «Morena no controla el terror».Refuerza narrativa de «progreso» (reducción general de homicidios: 12% nacional en 2025).

¿Es esto negacionismo o estrategia sensata?

En parte, es ambos. Legalmente, Harfuch tiene razón: el terrorismo requiere «intimidación a la población para alterar el orden constitucional» (Código Penal Fed.), y aquí el blanco fue una policía comunitaria rival, no civiles masivos ni el Estado. Pero expertos argumentan que el terror infundido (pánico en Coahuayana, familias huyendo) sí califica, y rechazar la etiqueta limita herramientas (cooperación internacional ampliada, fondos antiterrorismo).

Políticamente, la hipótesis de «puerta al intervencionismo de Estados Unidos» es valida: Trump ya usa las FTO para presionar (extradiciones récord: 50+ narcos en 2025). México prefiere bilateralismo discreto (inteligencia compartida vía DEA, sin tropas). Pero normalizar coches bomba como «delincuencia» normaliza la barbarie, y en X, la indignación crece: «El narco tiene el control» (@perladil).

Al final, este caso expone la fragilidad: Michoacán es un polvorín, y mientras el gobierno presume «paz», explosiones como esta gritan lo contrario. ¿Solución? Más que etiquetas, urge desmantelar financiamiento narco y fortalecer policías comunitarias. Si no, 2026-2027 serán un campo minado… literal.

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