La reciente arquitectura de nombramientos en la Fiscalía General de la República y la inminente renovación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) —con figuras de la estricta confianza de la presidencia como María de la Luz Mijangos— revelan una peligrosa mutación del sistema de pesos y contrapesos en México. Bajo la narrativa de la eficacia administrativa, se está consolidando una hegemonía que confunde la lealtad personal con la responsabilidad institucional, una práctica que la sociología de las organizaciones identifica como la captura del Estado por el círculo íntimo del poder.
En una democracia formal, la autonomía de los órganos de fiscalización y procuración de justicia no es un accesorio, sino una condición de existencia. Sin embargo, la actual administración parece transitar hacia un modelo de «gobernanza de lealtades», donde las instituciones diseñadas para auditar y vigilar al Ejecutivo son ocupadas por perfiles cuya principal credencial es la cercanía ideológica o personal con la mandataria. Este fenómeno anula la naturaleza técnica de la ASF y la FGR, convirtiéndolas en extensiones del aparato político centralizado.
El riesgo no es solo la falta de imparcialidad, sino la institucionalización de la opacidad. Cuando el auditor y el fiscal responden al mismo mando que los sujetos a ser auditados, se fractura el principio de rendición de cuentas. El silencio mediático ante estos movimientos es sintomático de una sociedad que empieza a normalizar la acumulación de poder como una virtud de gobierno, ignorando que la historia política advierte que el control absoluto suele ser el preludio de la impunidad sistémica.
La designación de «gente de confianza» en puestos que exigen independencia técnica es una señal inequívoca de desconfianza hacia el pluralismo democrático. Mientras el discurso oficial apela a la democratización de las instituciones, la praxis política ejecuta una centralización que vacía de contenido las garantías de equilibrio. Si la vigilancia del dinero público y la persecución del delito quedan bajo el arbitrio de la confianza presidencial, el Estado de derecho se reduce a una simulación de legalidad donde el poder se vigila a sí mismo, garantizando, por definición, su propia absolución.
