Los hechos recientes en Tapalpa, Jalisco, demostraron que el crimen debe ser enfrentado hasta las últimas consecuencias, pero de manera inteligente y sostenible, para minimizar costos sociales. ¿Cómo hacerlo?
Medir bien es el primer paso. El homicidio doloso es un indicador central, pero insuficiente. Si sólo observamos esa cifra, corremos el riesgo de ignorar desplazamientos de la violencia hacia homicidios culposos, desapariciones, feminicidios u otros delitos contra la vida. En cambio, contabilizar integralmente todas las expresiones de violencia letal permite distinguir tendencias, focalizar territorios y diseñar intervenciones más precisas.
La evidencia también señala la importancia de fortalecer a las policías y fiscalías locales. Un Estado con capacidades civiles sólidas puede prevenir, investigar y desarticular organizaciones completas, reduciendo la fragmentación y las disputas sucesorias que suelen detonar picos de violencia. La participación de las Fuerzas Armadas ha respondido a contextos de emergencia, pero la pacificación duradera requiere transitar, de forma gradual y responsable, hacia instituciones policiales profesionales, civiles, confiables y cercanas a la comunidad. Asimismo, las estrategias deben apoyarse en inteligencia operativa y financiera: comprender redes, flujos de recursos y dinámicas territoriales es más eficaz que limitarse a capturar líderes. Recuperar el control territorial implica también combatir la corrupción y proteger a quienes denuncian.
Nada de esto será sostenible sin la ciudadanía. Involucrar a comunidades, empresas, organizaciones civiles y academia en el diagnóstico y evaluación fortalece la legitimidad y mejora las soluciones. La seguridad no es sólo tarea del gobierno; es una construcción colectiva.
