El más reciente informe de TResearch International, con cifras a octubre de 2025, revela un preocupante incremento del 26% en las denuncias por delitos cometidos por servidores públicos en México, comparado con el mismo mes del año anterior. En octubre de 2025 se registraron 1,956 denuncias, superando las 1,548 de octubre de 2024 y marcando el nivel más alto para ese mes desde 2020.
El acumulado del sexenio de Claudia Sheinbaum, de octubre de 2024 a octubre de 2025, ya suma 16,398 denuncias por este tipo de ilícitos.
CDMX, Edomex y Nuevo León concentran la mitad de los casos
La concentración geográfica de estos delitos es notable, pues solo tres entidades federativas agrupan más de la mitad de los casos (el 51%) registrados en el sexenio actual.
La Ciudad de México (CDMX) encabeza la lista con 3,671 denuncias.
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El Estado de México (Edomex) le sigue de cerca con 3,091 casos.
Nuevo León (NL) completa este trío con 1,561 denuncias.
Al analizar las cifras por cada millón de habitantes, la capital del país mantiene el liderazgo de la incidencia delictiva. La CDMX registra la tasa más alta a nivel nacional con 399 denuncias, muy por encima del promedio nacional de 129. Le siguen Baja California Sur (BCS) con 328 y Quintana Roo (QROO) con 298 casos por millón de habitantes.
Máximo Histórico en Octubre
El análisis histórico de TResearch, basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), muestra que la cifra de octubre de 2025 (1,956 casos) no solo es alta en comparación con el año anterior, sino que es el valor más elevado para ese mes desde 2020. El incremento del 26% contrasta fuertemente con la disminución del -20% observada entre octubre de 2023 y octubre de 2024.
En cuanto al acumulado sexenal, la cifra de 16,398 denuncias se presenta en el primer año del periodo de Claudia Sheinbaum, lo que sugiere un ritmo de denuncias considerable al inicio de la administración, aunque aún es inferior a los totales sexenales completos de periodos anteriores.
Este panorama subraya la urgencia de implementar estrategias de combate a la corrupción y el delito al interior de las instituciones públicas. Las autoridades federales y estatales enfrentan el reto de revertir esta tendencia al alza y restaurar la confianza ciudadana. El aumento de denuncias, si bien puede ser un reflejo de mayor confianza ciudadana en el sistema de justicia, es, ante todo, un indicador de que las prácticas ilícitas por parte de quienes deberían servir al público siguen siendo un problema de seguridad y gobernanza de primer orden.
