Este 25 de febrero de 2026, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentó la iniciativa de reforma electoral que busca modificar la integración y operación del Instituto Nacional Electoral. Voceros de la oposición, entre ellos dirigentes del PAN, PRI y PRD, reaccionaron de inmediato calificándola como un nuevo intento de Morena por acumular poder en el Ejecutivo y subordinar al árbitro electoral. Argumentan que la reducción de estructuras, la elección popular de consejeros y los ajustes presupuestales representan un riesgo para la independencia del organismo y, en última instancia, para la democracia mexicana.
Sin embargo, el mismo discurso se escuchó en los comicios de 2024, durante la reforma judicial aprobada ese año y en prácticamente cada iniciativa mayor presentada por los gobiernos de Morena desde 2018. En cada ocasión, la oposición advirtió concentración de poder, amenaza a la división de poderes y riesgo de autoritarismo. Las reformas se aprobaron, entraron en vigor y, hasta la fecha, no se han materializado los escenarios catastróficos pronosticados. Las elecciones de 2024 se realizaron con normalidad, el nuevo modelo judicial comenzó a operar y el país no cayó en una dictadura, según reconocen incluso analistas internacionales.
Esta repetición genera indignación en amplios sectores ciudadanos. Para simpatizantes del oficialismo, la oposición actúa como un “disco rayado” que alerta sin proponer alternativas viables ni ejercer una oposición constructiva en el Congreso. Critican que, en lugar de presentar iniciativas propias o negociar mejoras técnicas, se limitan a descalificar y a vaticinar el fin de la democracia sin aportar pruebas concretas de los daños anunciados. La ciudadanía observa, con frustración, que las advertencias no van acompañadas de acciones efectivas para impedir lo que supuestamente pone en riesgo la República.
Desde la perspectiva opositora, la vigilancia constante es obligación democrática. Afirman que cada reforma erosiona paulatinamente los contrapesos y que la ausencia inmediata de colapso no invalida el riesgo acumulado. Señalan que la historia muestra que los procesos de concentración de poder son graduales y que la responsabilidad de las instituciones exige alertar antes de que sea tarde. Consideran que minimizar sus críticas es una forma de normalizar abusos.
El análisis objetivo revela un patrón: la oposición ha perdido credibilidad ante buena parte de la población por la reiteración de pronósticos que no se cumplen, lo que alimenta la percepción de que su estrategia es reactiva y poco eficaz. Al mismo tiempo, el gobierno de Morena ha logrado avanzar en su agenda sin que la oposición logre bloquearla o modificarla sustancialmente, lo que refuerza la imagen de una fuerza política dominante que avanza sin contrapesos reales.
Especialistas en ciencia política coinciden en que esta dinámica polarizada debilita el debate público. La indignación crece cuando se constata que las alertas se repiten mecánicamente mientras los problemas reales del país —seguridad, economía, salud— siguen sin resolverse de fondo. La reforma electoral ahora en discusión coloca nuevamente a la oposición ante el espejo: ¿persistirá en el mismo guion o logrará renovar su discurso con propuestas concretas que demuestren responsabilidad ante la ciudadanía?
