La colección de ensayos, «Los Retos de la Economía Mexicana 2025-2030», del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aborda una serie de desafíos multifacéticos que enfrenta la economía mexicana. Estos escritos, redactados por académicos del CIDE, examinan temas cruciales como la política comercial y el nearshoring, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la deuda, la estabilidad del sistema financiero y la reforma judicial, el impacto del cambio climático en la producción de alimentos, la educación, la pobreza y la política social, y la política industrial. Los autores ofrecen análisis basados en investigación rigurosa, buscando contribuir al debate público y proporcionar posibles soluciones a estos retos complejos.
Uno de los problemas más importantes es el relativo a las finanzas públicas, más específicamente sus sostenibilidad.
Panorama difícil
En el ámbito de las finanzas públicas, el documento plantea un problema significativo en cuanto a la sostenibilidad de la deuda mexicana.
El autor, Fausto Hernández Trillo, concluye que el nivel de deuda actual en México no ha sido sostenible desde el sexenio de Peña Nieto. Esta preocupación se profundiza al considerar los pasivos contingentes del gobierno, especialmente las pensiones, lo que hace que el panorama sea aún más difícil.
Los puntos clave que describen este problema son:
- Insostenibilidad actual de la deuda: El análisis indica que el nivel de deuda pública, que alcanzó el 51.8% del PIB al final de la administración de AMLO, no es sostenible dadas las condiciones económicas y financieras del gobierno mexicano.
- Déficit primario histórico: El último año de la administración de AMLO registró un déficit primario histórico del 1.5% del PIB, una cifra no vista prácticamente desde la «década perdida», lo que subraya la magnitud del esfuerzo fiscal necesario.
- Necesidad de un mayor superávit primario: Para que la deuda sea sostenible, las simulaciones del documento sugieren la necesidad de un incremento en el superávit primario. Considerando los pasivos contingentes (pensiones), se requiere aumentar la recaudación en un 3.68% del PIB para cumplir con las obligaciones de gasto y hacer la deuda sostenible.
- Recaudación insuficiente: A pesar de los esfuerzos y mejoras en la capacidad recaudatoria del gobierno federal en los últimos diez años (especialmente en los sexenios de EPN y AMLO), estos aumentos en los ingresos tributarios han sido mayormente un reflejo de la disminución de los ingresos petroleros, lo que ha mantenido los ingresos totales del gobierno federal estables, pero insuficientes para cerrar la brecha entre ingresos y gastos.
- Dependencia de ingresos petroleros: El documento señala que depender de los ingresos petroleros es arriesgado e indeseable debido a la incertidumbre de los precios internacionales y las preocupaciones ambientales. Por ello, se enfatiza la preferencia por aumentar los ingresos tributarios.
- Límites de la eficiencia recaudatoria: Aunque se valora la importancia de seguir aumentando la eficiencia recaudatoria, se argumenta que esta tiene límites. Incluso eliminando por completo la evasión de ISR, IVA y cuotas de seguridad social, el aumento en la recaudación apenas alcanzaría el 2% del PIB, lo cual solo sería suficiente para cerrar la brecha existente, no para un nivel de gasto público más alto y sostenible.
- Dificultad para reducir el gasto: Se considera difícil reducir el gasto público, ya que los niveles actuales están lejos de satisfacer las obligaciones del Estado mexicano, las cuales se han incrementado. Por lo tanto, mejorar la eficiencia del gasto, aunque necesario, no es suficiente.
En resumen, México ya enfrenta problemas significativos de sostenibilidad fiscal, y el documento subraya la urgente necesidad de una ambiciosa reforma fiscal que genere ingresos adicionales y no solo mejore la eficiencia en la recaudación, para beneficio de la población.
El impacto de la reforma judicial
En cuanto a la estabilidad del sistema financiero y la reforma judicial, el documento señala que México ha emprendido una profunda transformación institucional con la aprobación de una reforma judicial estructural en octubre de 2024. Aunque el debate público se ha centrado en aspectos como la elección de jueces por voto popular o la reorganización de la Suprema Corte, una dimensión clave y menos discutida es su posible impacto sobre el sistema financiero y el acceso al crédito.
El documento enfatiza la importancia de la justicia para el crédito, destacando que en un país donde el financiamiento es escaso y costoso, la confianza de los prestamistas depende de la capacidad del sistema judicial para hacer cumplir los contratos de manera eficaz y predecible. Un sistema judicial funcional puede acelerar el crecimiento económico, mientras que uno débil puede frenarlo. En contextos de lentitud, imprevisibilidad o debilidad judicial, el crédito tiende a concentrarse en grandes empresas con garantías claras, excluyendo a las pequeñas y medianas empresas, lo que frena la innovación y limita el crecimiento económico. De hecho, México presenta un nivel de crédito privado como proporción del PIB similar al promedio de países de bajo ingreso (33%), muy por debajo del promedio de América Latina (51%). Las deficiencias en el aparato judicial mexicano, como juicios de embargo que pueden superar los 800 días, han llevado a las instituciones financieras a preferir inversiones en valores.
Sobre los primeros efectos de la reforma judicial, el documento presenta una realidad ambigua, basándose en indicadores financieros preliminares:
- Crédito: La colocación de crédito comercial, de consumo y vivienda ha mostrado un crecimiento gradual desde mediados de 2023. Sin embargo, la cartera comercial presenta mayor volatilidad, con una tendencia decreciente en 2024, lo que podría reflejar incertidumbre macroeconómica o institucional.
- Tasas de Interés: Las tasas implícitas por tipo de cartera han disminuido ligeramente desde mediados de 2023, lo que, aunque influenciado por la política monetaria, podría reflejar una percepción de menor riesgo contractual ante un sistema judicial potencialmente más ágil.
- Índice de Morosidad (IMOR): El crédito al consumo mantiene niveles altos de morosidad, aunque estables, mientras que los segmentos comerciales y de vivienda presentan menor morosidad y mayor estabilidad. Estos datos sugieren que los efectos de la reforma en la calidad del portafolio aún no se materializan, dado que la morosidad suele ajustarse con rezago. Los saldos de la cartera vencida no han cambiado significativamente, reforzando la idea de que las mejoras judiciales aún no se reflejan en mejores resultados de cobranza.
- Expectativas Crediticias: La banca comercial reportó un estrechamiento en las condiciones y/o estándares de aprobación de crédito durante el último trimestre, y se prevé un estrechamiento adicional tanto para empresas grandes, medianas y pequeñas, como para tarjetas de crédito. Este endurecimiento se nota desde el último trimestre de 2024, cuando la reforma fue aprobada, y podría deberse a factores como las expectativas de un menor crecimiento o la propia reforma.
Finalmente, el documento advierte que la estabilidad institucional y la percepción de riesgo son cruciales. La propuesta de elegir jueces por voto popular ha generado inquietud en sectores empresariales y financieros por el posible debilitamiento de la independencia judicial. Si la independencia judicial se percibe como frágil o vulnerable, el crédito no solo se encarece, sino que tiende a replegarse hacia sectores menos riesgosos. El éxito de la reforma dependerá más de su implementación sólida, incluyendo capacitación judicial, generación de precedentes consistentes y fortalecimiento del marco institucional, que de lo que dice el texto constitucional. En resumen, las leyes importan, pero su efecto depende de su implementación y del entorno institucional; la incertidumbre introducida podría diluir los beneficios económicos. La reforma judicial incipiente aún no ha logrado romper la inercia del bajo crédito en México.
Contrato social
El último capítulo de la obra, bajo la sección «Hacia dónde», se titula «La necesidad de refundar el contrato social» de Gustavo A. Del Ángel. Este capítulo plantea una preocupación contemporánea en México y en muchos países: la necesidad de reflexionar y refundar el contrato social debido a las transformaciones en la sociedad y la economía, así como a los cambios en el régimen político y las instituciones, y la grieta social manifestada.
El contrato social se define como el acuerdo implícito entre individuos, empresas, sociedad civil y el Estado, que conforma un sistema de beneficios colectivos, regulando las normas, expectativas y obligaciones mutuas. La refundación de este contrato no es solo una tarea del Estado, sino que también requiere la acción de la sociedad y sus comunidades. Este reto es fundamental porque busca responder a preguntas esenciales sobre lo que se espera del Estado y de los otros miembros de la sociedad.
En resumen, aunque el documento cubre una amplia gama de retos como la política comercial y el nearshoring, las finanzas públicas, el sistema financiero, el cambio climático, la educación, la pobreza y la política social e industrial, la «necesidad de refundar el contrato social» se presenta como un desafío subyacente y de amplio alcance, que busca sentar las bases para abordar de manera más efectiva muchos de los problemas concretos que enfrenta el país.
Puede consultar el documento completo aquí.
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