Tras ser cesados por la reforma judicial y enfrentar retrasos, omisiones y discrecionalidad en el pago de sus liquidaciones, cientos de jueces y magistrados federales quedaron sin ingreso, con deudas y con su carrera truncada. Luego de meses de protestas y gestiones sin respuesta, al menos 500 ex juzgadores llevaron su caso al ámbito internacional. A finales de enero de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió a trámite la queja presentada contra el Estado mexicano, por presuntas violaciones a los derechos de los jueces despedidos.
