El Operativo Enjambre, lanzado en noviembre de 2024 por autoridades federales mexicanas, representa una estrategia coordinada para combatir la extorsión y los nexos entre funcionarios públicos y el crimen organizado. Inicialmente enfocado en el Estado de México, se ha expandido a entidades como Jalisco, involucrando a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y otras instancias. Su objetivo es desarticular redes de corrupción institucional, priorizando detenciones de alcaldes, directores de seguridad y mandos policiales acusados de colusión con grupos delictivos.
Hasta febrero de 2026, el operativo ha generado resultados concretos: más de 60 detenciones y 18 sentencias condenatorias, con un impacto notable en la reducción de extorsiones en un 38% en el Estado de México. Destacan casos de militantes de Morena, como el alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, arrestado junto a tres funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y esquemas de extorsión contra empresas locales. Similarmente, en el Estado de México, se han capturado presidentes municipales y policías implicados en redes criminales, lo que ha permitido asegurar bienes y desmantelar laboratorios clandestinos. Autoridades federales, encabezadas por Omar García Harfuch, enfatizan que la operación es imparcial, sin importar la afiliación partidista, y responde a denuncias ciudadanas.
Desde una perspectiva crítica, el operativo invita a debates sobre su efectividad y equidad. Por un lado, defensores del gobierno actual argumentan que demuestra un compromiso con la responsabilidad pública, al no proteger a «intocables» dentro de Morena, como lo ha declarado la dirigencia del partido. Esta postura resalta cómo la iniciativa ha expuesto complicidades históricas, contribuyendo a una mayor transparencia en la administración local. Sin embargo, opositores cuestionan si las detenciones son selectivas, apuntando a que una proporción significativa involucra a figuras de Morena y aliados, lo que podría interpretarse como una purga interna o un distractor de problemas mayores. Críticos señalan que, aunque se han logrado arrestos, persisten dudas sobre la profundidad de las investigaciones: ¿se abordan solo síntomas o raíces estructurales del crimen organizado? Además, el énfasis en Morena genera polémica, ya que algunos analistas ven en ello un reflejo de la infiltración delictiva en el poder dominante, mientras otros lo atribuyen a un mayor escrutinio sobre el partido gobernante.
Otra vertiente analítica aborda el impacto sociopolítico. El operativo ha fortalecido la percepción de acción contra la corrupción, pero también ha polarizado el debate público. Voces independientes advierten que, sin reformas institucionales sostenidas, como el fortalecimiento de mecanismos de vigilancia local, los avances podrían ser efímeros. Por ejemplo, en Jalisco, las detenciones han sido celebradas por sectores empresariales afectados por extorsiones, pero criticadas por defensores de derechos humanos que exigen garantías procesales para los acusados. Esta dualidad subraya tensiones: ¿es el Enjambre un paso hacia la despolitización de la justicia o un instrumento para ajustar cuentas internas?
En resumen, el Operativo Enjambre marca un hito en la lucha contra las complicidades gubernamentales con el crimen, con detenciones que trascienden partidos pero que, inevitablemente, avivan controversias sobre imparcialidad y alcances reales. Su continuidad dependerá de resultados judiciales consistentes y de un enfoque integral que evite percepciones de sesgo.
