La violencia contra los elementos policiales en México ha alcanzado niveles alarmantes en las últimas décadas, consolidándose como un reflejo de la inseguridad que aqueja al país. A lo largo de los tres últimos sexenios —Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)— los homicidios de policías han mostrado una tendencia preocupante, marcada por un incremento sostenido y condiciones de vulnerabilidad que persisten para quienes tienen la tarea de proteger a la ciudadanía. Este análisis, basado en datos disponibles y reportes especializados, busca arrojar luz sobre la magnitud de esta crisis y su evolución en el tiempo.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, que abarcó de diciembre de 2006 a noviembre de 2012, México experimentó un punto de inflexión en materia de seguridad. La declaratoria de la “guerra contra el narcotráfico” trajo consigo un aumento exponencial de la violencia, no solo entre grupos delictivos, sino también contra las fuerzas del orden. Aunque no existen cifras oficiales completas y sistematizadas para ese periodo, organizaciones como Causa en Común y reportes periodísticos estiman que al menos 1,200 policías fueron asesinados en esos seis años. Este número, si bien elevado, debe contextualizarse en un escenario donde las corporaciones policiales municipales y estatales operaban con recursos limitados y enfrentaban a un crimen organizado cada vez más armado y sofisticado. Estados como Chihuahua, Guerrero y Tamaulipas destacaron como los más letales para los agentes, con emboscadas y enfrentamientos que evidenciaron la fragilidad de las instituciones de seguridad.
El sexenio de Enrique Peña Nieto, de diciembre de 2012 a noviembre de 2018, no logró revertir esta tendencia. Por el contrario, la violencia contra policías se intensificó en varias regiones del país. Según datos recopilados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y otras fuentes, aproximadamente 2,000 agentes perdieron la vida en este periodo, lo que representa un incremento significativo respecto a la administración anterior. Guanajuato emergió como un nuevo epicentro de estos ataques, sumándose a entidades como el Estado de México y Jalisco, donde el fortalecimiento de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación (CJNG) elevó los riesgos para los elementos de seguridad. Un caso emblemático ocurrió en 2015, cuando 15 policías fueron emboscados en Jalisco, un ataque que subrayó la capacidad de fuego de los grupos criminales y la exposición de los agentes ante la falta de equipo adecuado y estrategias efectivas.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder en diciembre de 2018, las expectativas de un cambio en la dinámica de seguridad eran altas. Sin embargo, los datos disponibles hasta el cierre de su administración en septiembre de 2024 muestran que este sexenio ha sido el más letal para los policías en la historia reciente. De acuerdo con el “Índice de Paz México” y estimaciones de Causa en Común, entre 2018 y 2023 se registraron más de 2,600 asesinatos de agentes, con un promedio anual que supera los 430 casos. Solo en 2023, al menos 412 policías fueron asesinados, y las proyecciones sugieren que la cifra total del sexenio podría acercarse a los 3,000, considerando los datos pendientes de consolidación para 2024. Guanajuato, Zacatecas y Guerrero encabezan la lista de entidades más peligrosas, con tasas de homicidios policiales que reflejan no solo la intensidad de la violencia, sino también la precariedad en la que operan las corporaciones.
La tendencia a lo largo de estos tres sexenios es clara: los homicidios de policías han ido en aumento, pasando de un promedio estimado de 200 por año con Calderón, a 333 con Peña Nieto, y superando los 430 en el periodo de López Obrador. Este incremento no solo responde al crecimiento de la delincuencia organizada, sino también a factores estructurales como la falta de capacitación, salarios bajos y la ausencia de una política integral de protección para los agentes. Mientras que en el sexenio de Calderón la violencia se concentró en el contexto de enfrentamientos directos con el narcotráfico, en los periodos siguientes se diversificó, incluyendo ataques selectivos y emboscadas planeadas, muchas veces ejecutadas desde motocicletas, según reportes locales.
Un aspecto que resalta en el análisis es la disparidad entre las tasas de homicidios policiales y las de la población general. Según el “Índice de Paz México”, la tasa anual de asesinatos de policías entre 2018 y 2023 fue de 96.8 por cada 100,000 agentes, casi cuatro veces superior a la tasa de homicidios de la ciudadanía, que promedió 26.4 por cada 100,000 habitantes. En estados como Zacatecas, esta diferencia es aún más marcada, con una tasa de 553 asesinatos por cada 100,000 policías, lo que lo convierte en el lugar más peligroso para desempeñarse como agente. En contraste, entidades como Yucatán reportan tasas mínimas, con menos de 10 casos en seis años, evidenciando las profundas desigualdades regionales en materia de seguridad.
La creación de la Guardia Nacional en 2019, una de las apuestas clave de López Obrador, buscaba fortalecer la seguridad pública y reducir la violencia. Sin embargo, los resultados han sido limitados. Aunque las policías municipales siguen siendo las más afectadas —con más del 53% de los asesinatos entre 2018 y 2023—, la Guardia Nacional no ha logrado disminuir la exposición de los agentes a los ataques. Expertos señalan que la dependencia de estrategias militarizadas, en lugar de un fortalecimiento de las policías locales, ha perpetuado las condiciones de vulnerabilidad.
A medida que México transita hacia una nueva administración, la tendencia de violencia contra policías plantea retos urgentes. La falta de datos oficiales completos y la opacidad en el registro de estos crímenes dificultan una respuesta efectiva. Organizaciones civiles y analistas coinciden en que, sin una reforma profunda que incluya mejores condiciones laborales, equipo adecuado y una estrategia focalizada en los puntos críticos, la seguridad de los agentes seguirá en riesgo. Los últimos tres sexenios han dejado un saldo doloroso: miles de policías asesinados y una crisis que, lejos de resolverse, se agrava con el tiempo.
La pregunta sigue abierta: ¿hasta cuándo serán los protectores de la sociedad los más desprotegidos?
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