El asesinato de la secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, representa un hecho inquietante que ha reabierto el debate sobre la relación entre el crimen organizado y el Estado mexicano. Este acto no solo conmocionó a la opinión pública, sino que también plantea preguntas complejas sobre la capacidad del Estado para contener las estructuras criminales y proteger a sus funcionarios, incluso en una de las zonas más vigiladas del país.
El debate gira en torno a la capacidad del crimen organizado para desafiar al Estado mexicano. Este acto, perpetrado en una zona urbana clave y contra una figura cercana al poder político, plantea preguntas sobre la fortaleza de las instituciones, la efectividad de las políticas de seguridad y las implicaciones futuras para la gobernabilidad.
Contexto del Crimen Organizado en México
El crimen organizado en México ha evolucionado desde el narcotráfico tradicional hacia un modelo diversificado que incluye extorsión, trata de personas, robo y control territorial. Según el Índice Global de Crimen Organizado, México es el cuarto país con mayor criminalidad a nivel mundial, solo superado por países en conflicto abierto. En 2023, el país registró 30,523 homicidios, y 30,900 en 2024, de los cuales dos tercios se atribuyen al crimen organizado, con un 70% cometidos con armas de fuego, muchas provenientes del contrabando desde Estados Unidos. La fragmentación de cárteles, resultado de estrategias como el “descabezamiento” de líderes, ha generado grupos más pequeños y violentos, intensificando disputas territoriales.
La Ciudad de México, aunque históricamente menos afectada que estados como Guanajuato o Sinaloa, no es inmune.
En el caso específico del homicidio reciente, aún se encuentra en curso la investigación por parte de las autoridades capitalinas y federales. Si bien no se han presentado pruebas concluyentes que vinculen directamente al crimen organizado con el ataque, existen indicios que no permiten descartar esa posibilidad. La ubicación del hecho —en una zona muy transitada de la CDMX— y el perfil de la víctima, cercana a una figura política relevante, sugieren que podría tratarse de un mensaje o una acción deliberada dirigida a instalar temor dentro de los niveles medios de la administración pública.
Un punto clave a considerar es que, si bien el crimen organizado ha diversificado sus actividades económicas y políticas, su interés primordial sigue siendo preservar su operación ilícita, lo cual implica evitar confrontaciones abiertas con el Estado salvo que sean provocadas o estratégicamente calculadas. Atentar contra figuras gubernamentales puede ser contraproducente, ya que incrementa la presión federal y la respuesta institucional. Por tanto, un acto como este debe analizarse cuidadosamente: ¿fue un error táctico, un ajuste de cuentas interno mal ejecutado, o una señal de debilidad institucional?
¿Desafío al Estado?
El asesinato que conmocionó al país no es un hecho aislado, sino un síntoma de la capacidad del crimen organizado para operar con audacia en centros urbanos. La Ciudad de México, con su alta densidad poblacional y relevancia política, representa un escenario estratégico. Atacar a una figura cercana a la jefa de gobierno sugiere un intento de proyectar poder, desafiando la percepción de control estatal.
Pero hay que considerar que la audacia del crimen no necesariamente implica un desafío estructural al Estado. El crimen organizado en México prospera en entornos de impunidad, corrupción y debilidad institucional, más que en un enfrentamiento directo contra el gobierno. La infiltración de cárteles en instituciones locales, como se evidenció en el caso del Rancho Izaguirre en Jalisco, controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sugiere que los grupos criminales prefieren cooptar o explotar vacíos de autoridad antes que confrontar al Estado abiertamente.
La administración de Claudia Sheinbaum, iniciada en octubre de 2024, ha priorizado una estrategia de seguridad basada en cuatro ejes: atención a las causas sociales, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación interinstitucional.
Escenarios Futuros
A nivel institucional, el Estado mexicano ha mostrado avances en materia de inteligencia y coordinación interinstitucional, aunque persisten limitaciones estructurales: corrupción arraigada en algunos cuerpos policiales, déficit de recursos en áreas marginadas, y una justicia lenta que permite la impunidad. Estas fallas son aprovechadas por el crimen organizado para expandirse o consolidarse en ciertas regiones, lo que a largo plazo erosiona la legitimidad del Estado y su monopolio de la fuerza.
En cuanto al futuro, hay varios escenarios posibles. Uno de ellos es que el Estado logre mantener o incluso fortalecer su control territorial mediante reformas profundas en seguridad pública, mayor profesionalización de las fuerzas policiacas y una estrategia integral que combine prevención social con inteligencia estratégica.
Un segundo escenario sería un endurecimiento progresivo de la violencia, con más actos simbólicos de intimidación por parte del crimen organizado hacia sectores gubernamentales, lo que podría generar un clima de inestabilidad institucional. Finalmente, existe la posibilidad de que se profundice la complicidad en ciertos niveles de gobierno, lo cual implicaría una cooptación parcial del Estado por actores ilegales, fenómeno que ya ha sido observado en algunas localidades del país.
En conclusión, el crimen organizado en México continúa representando un desafío serio, pero no insuperable para el Estado. Actos como el homicidio de la secretaria particular de la jefa de gobierno de la CDMX deben interpretarse en contexto: no necesariamente indican una guerra abierta contra el aparato estatal, pero sí son señales de alerta que exigen respuestas contundentes y sostenidas. La evolución de esta relación dependerá en gran medida de la voluntad política, la eficacia institucional y la capacidad de la sociedad civil para exigir un Estado fuerte, legítimo y soberano.
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