La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 176VG/2025 por violaciones graves a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), derivada de actos de tortura perpetrados en 2015 y atribuibles a elementos de la entonces Policía Federal (PF).
El 8 de agosto de 2023 una persona privada de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social/Centro Federal de Reinserción Social Número 5 “Oriente” solicitó a la CNDH que se le aplicara el Protocolo de Estambul por considerar que había sido torturada el 24 de julio de 2015.
Los hechos ocurridos en esa fecha dieron origen a una Recomendación emitida por la CNDH el 26 de julio de 2019, reconociendo a la persona recurrente como víctima de los actos de la PF, junto con otras personas, pero en su caso particular no se determinó que haya sufrido tortura. Dado que se le menciona en dicha resolución, la víctima se encuentra inscrita en el Registro Nacional aplicable, aunque no ha hecho ninguna solicitud de reparación integral del daño.
El dictamen médico-psicológico elaborado, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, por la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública revela elementos concordantes con actos de tortura en agravio de la víctima, lo cual, sumado a diversos testimonios, comprueba que los siete elementos de la PF que participaron en la captura cometieron actos de tortura en contra de la víctima.
Por estos hechos, la CNDH recomendó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que actualice la información de la persona agraviada en el Registro Nacional procedente, con el fin de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas proceda a la reparación integral del daño, que incluya la medida de compensación complementaria, así como atención médica, psicológica y/o psiquiátrica.
Esta Comisión Nacional considera que la prevención, investigación y persecución de delitos por parte de las autoridades son compatibles con el respeto a derechos humanos, por lo que hace patente la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones públicas, cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas e investigar con los medios a su alcance los ilícitos que se cometen, con el fin de que las conductas probablemente constitutivas de delitos sean investigados y, de ser procedente, sancionados, pero siempre en el marco del Derecho.
La Recomendación 176VG/2025 ya fue debidamente notificada a su destinatario y puede consultarse en la página www.cndh.org.mx.
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