En el escenario político contemporáneo, una constante perturbadora se manifiesta con preocupante regularidad: la propensión de ciertos líderes a evadir la responsabilidad por su ineficacia. Ante la incapacidad para generar soluciones tangibles, la estrategia recurrente es la de buscar culpables externos, invocar el pasado como justificación o erigir figuras antagónicas. Este teatro de excusas, sin embargo, no solo expone la debilidad de quienes gobiernan, sino que también plantea una interrogante fundamental y más incómoda: ¿por qué la ciudadanía tolera esta dinámica sin una demanda contundente de resultados?
La retórica del chivo expiatorio es una herramienta antigua, pero persistentemente efectiva. Cuando un gobierno no logra mejorar la calidad de vida, reducir la inseguridad o estimular la economía, es más sencillo y menos costoso políticamente señalar a «la herencia recibida», «fuerzas oscuras» o «enemigos de la patria». Esta narrativa desvía la atención de la gestión actual y capitaliza el descontento preexistente, transformándolo en un combustible para la polarización. Al hacerlo, el debate público se aleja de las métricas de desempeño y se enfrasca en batallas ideológicas estériles. La crítica a la administración anterior, la denuncia de conspiraciones o la demonización de oponentes se convierten en sustitutos de la planificación estratégica, la implementación de políticas públicas y la evaluación de impacto.
Paradójicamente, esta estrategia funciona porque encuentra eco en una parte de la sociedad. La fatiga informativa, la desconfianza generalizada en las instituciones y la polarización mediática crean un caldo de cultivo propicio para que discursos simplistas y cargados de emocionalidad calen hondo. En un ecosistema donde la atención es un recurso escaso, la identificación de un «villano» ofrece una explicación fácil y, a menudo, liberadora para problemas complejos. Exime al ciudadano de la tarea de analizar críticamente la situación y le ofrece una salida emocional a su frustración, dirigiendo su ira hacia un blanco prefabricado por el poder.
No obstante, esta dinámica revela una complicidad silenciosa de la ciudadanía. La permisividad social ante la ineficiencia política no es un fenómeno homogéneo, pero sí un patrón preocupante. Se manifiesta en la baja exigencia de cuentas, la escasa participación en procesos de control ciudadano y la aceptación pasiva de promesas incumplidas. ¿Por qué una sociedad, teóricamente dotada de herramientas democráticas para fiscalizar y exigir, opta por la resignación o por sumarse al coro de la culpa fácil?
Una posible explicación sociológica radica en la erosión de la cultura cívica y la desafección política. Cuando la confianza en las instituciones se desintegra, la creencia en la capacidad de la acción colectiva para generar cambio también disminuye. Esto lleva a un individualismo exacerbado, donde la búsqueda de soluciones personales prevalece sobre la demanda de soluciones colectivas. Además, el ciclo constante de escándalos y la percepción de corrupción pueden generar una suerte de «indiferencia aprendida», donde la expectativa de un buen gobierno es tan baja que cualquier promesa, por vaga que sea, es recibida con una mezcla de escepticismo y esperanza pasiva.
Asimismo, la ciudadanía puede verse atrapada en la lealtad partidista, priorizando la defensa del «equipo» por encima de la evaluación objetiva de su desempeño. En este escenario, la crítica interna es vista como traición y la justificación de los errores propios se convierte en un imperativo moral, cerrando el paso a cualquier autocrítica constructiva.
En resumen, la ineficacia política no es solo un problema de los gobernantes, sino también un reflejo de la relación que la sociedad establece con ellos. La persistencia de líderes que buscan culpas en lugar de soluciones es un síntoma de una ciudadanía que, por diversas razones –desafección, polarización, fatiga o lealtad ciega–, no ha logrado consolidar una cultura de exigencia y responsabilidad. El desafío, por tanto, no es solo cambiar a los políticos, sino transformar la forma en que la sociedad se relaciona con el poder, asumiendo su rol fundamental como garante de la eficacia y la transparencia.
