En México, la productora Badabun ha emergido como un actor controvertido en la esfera digital, acusada de servir como mecanismo para censurar contenidos incómodos para figuras políticas. Según reportes de El Universal, esta empresa ha reclamado derechos de autor sobre videos de dominio público, lo que ha resultado en su eliminación de plataformas sociales. Un caso emblemático ocurrió en 2024, cuando Badabun intervino para retirar un video que mostraba al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en estado de ebriedad, enviando saludos e insultos a Manlio Fabio Beltrones desde un estadio. El material, grabado durante un evento con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, revelaba conductas que generaron críticas públicas y debates sobre la imagen de los líderes partidistas.
Recientemente, en diciembre de 2025, el patrón se repitió con videos de una pelea entre diputadas de Morena, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México. Estos clips, producidos y difundidos por el propio órgano legislativo a través de sus canales oficiales, comenzaron a desaparecer de redes sociales tras reclamos de derechos de autor por parte de Badabun. Aunque el Congreso capitalino genera contenido público financiado con recursos estatales, la intervención de la productora plantea interrogantes sobre la propiedad de las señales institucionales. Analistas señalan que este enfoque permite una censura indirecta, evitando procesos judiciales formales y explotando las políticas automatizadas de plataformas como YouTube o TikTok, que priorizan la remoción rápida ante denuncias de infracción.
Desde una perspectiva analítica, este fenómeno resalta vulnerabilidades en el marco legal mexicano sobre derechos de autor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó en junio de 2024 mecanismos que permiten la censura automática de contenidos, siempre que se alegue titularidad de derechos, lo que facilita su abuso. Críticos argumentan que Badabun, conocida por producir contenido viral y promocionar imágenes políticas —como en alianzas con figuras de Movimiento Ciudadano—, actúa como proxy para actores influyentes, protegiendo reputaciones a costa de la transparencia. Por otro lado, defensores de estos reclamos sostienen que protegen la propiedad intelectual legítima, aunque en casos como el del Congreso, la información pública debería prevalecer sobre intereses privados.
Este patrón invita a la polémica: ¿representa un abuso sistemático de herramientas legales para silenciar escándalos, o es una defensa válida contra la difusión no autorizada? La conexión entre Badabun y políticos, como Samuel García, genera sospechas de instrumentalización partidista, aunque no hay evidencia concluyente de vínculos directos con otros grupos. En un contexto de elecciones frecuentes y polarización, tales prácticas erosionan la libertad de expresión y la rendición de cuentas, limitando el acceso ciudadano a hechos relevantes. Organizaciones como Artículo 19 han advertido sobre el efecto en el periodismo digital, donde medios independientes enfrentan remociones masivas.
Expertos proponen reformas para equilibrar derechos de autor con el interés público, como requerir pruebas judiciales previas a la eliminación de contenidos. Sin embargo, la persistencia de estos incidentes subraya tensiones entre innovación digital y democracia, donde empresas privadas influyen en el flujo informativo. Si no se abordan, podrían intensificar divisiones sociales y cuestionar la integridad de instituciones.
