El gobierno mexicano, bajo la administración de Claudia Sheinbaum (2024-2030), ha mostrado una clara intención de moldear la narrativa en el ámbito de la discusión pública, siguiendo y ampliando estrategias implementadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Esta tendencia, que combina el uso de conferencias matutinas, redes sociales y ahora una controvertida iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, plantea serias preguntas sobre la libertad de expresión y el riesgo de censura en el país.
Este informe analiza cómo el gobierno actual busca consolidar su influencia sobre el discurso público y cómo la mencionada iniciativa legislativa podría convertirse en un mecanismo de control y censura, limitando la pluralidad de voces en México.
El Contexto: Control de la Narrativa en México
Desde el inicio de su mandato, López Obrador utilizó las conferencias matutinas, conocidas como «mañaneras», como una herramienta para establecer la agenda informativa diaria. Estas sesiones, transmitidas en vivo, no solo comunicaban decisiones gubernamentales, sino que también servían para desacreditar a medios críticos, calificar información como «fake news» y promover una narrativa favorable al gobierno. Este modelo, que centralizaba la comunicación en la figura presidencial, permitió al gobierno de Morena dominar el espacio mediático, relegando a medios tradicionales y plataformas digitales a un papel secundario o defensivo.
Claudia Sheinbaum, como sucesora de López Obrador, ha mantenido este enfoque, pero con un giro hacia la institucionalización del control mediático. La eliminación de organismos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encabezada por un aliado cercano, José Antonio Peña Merino, reflejan un esfuerzo por concentrar el poder regulatorio en el Ejecutivo. Esta reestructuración, combinada con la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentada en abril de 2025, sugiere una estrategia más sofisticada y estructural para moldear el discurso público.
La Iniciativa de Ley: Un Mecanismo de Control
La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por comisiones del Senado el 24 de abril de 2025 y pendiente de discusión en el pleno, ha generado una ola de críticas por su potencial para restringir la libertad de expresión. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Sheinbaum, reemplaza al IFT con la ATDT, un organismo dependiente del Ejecutivo. Este cambio elimina la autonomía regulatoria que el IFT garantizaba, otorgando al gobierno un control directo sobre la asignación de concesiones, la supervisión de contenidos y la imposición de sanciones.
Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es la prohibición de difundir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros, salvo en casos de promoción turística o cultural. Si bien esta medida responde a la indignación causada por anuncios antiinmigrantes de Estados Unidos, los términos vagos de la legislación abren la puerta a interpretaciones arbitrarias. Por ejemplo, la ATDT podría clasificar contenidos críticos como «propaganda extranjera», justificando su censura. Además, la ley faculta a la agencia para imponer multas de hasta el 5% de los ingresos de empresas de radio, televisión y plataformas digitales, así como para revocar concesiones o bloquear plataformas en caso de reincidencia.
Otro elemento preocupante es la supervisión de contenidos audiovisuales por parte de la ATDT, que incluye la revisión de códigos de ética y la regulación del tiempo publicitario. Aunque el gobierno asegura que los concesionarios mantendrán «plena libertad de expresión, programática y editorial», la facultad de la agencia para emitir lineamientos y sancionar plantea un riesgo de censura previa, prohibida por los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana. Organizaciones como Artículo 19 y R3D han advertido que esta legislación podría violar derechos humanos, distorsionar la competencia en el sector y limitar la pluralidad informativa.
Antecedentes: Lecciones de la Administración Anterior
La estrategia de control narrativo no es nueva. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 fue criticada por su potencial censor, particularmente por disposiciones que otorgaban al gobierno herramientas para regular internet y limitar la libertad de expresión. Organizaciones como Libre Internet para Todos y Artículo 19 señalaron que dichas leyes contravenían principios constitucionales y tratados internacionales.
López Obrador, a pesar de su discurso antiestablishment, no revirtió estas tendencias, sino que las adaptó a su estilo. Su gobierno presionó a medios críticos mediante la asignación selectiva de publicidad oficial y el señalamiento público de periodistas. La retórica de «prensa fifí» y la polarización entre «chairos» y «conservadores» consolidaron una base social que respaldaba la narrativa oficial, mientras que el uso intensivo de redes sociales amplificaba el mensaje gubernamental. Sheinbaum ha heredado este ecosistema mediático polarizado, pero busca institucionalizar el control a través de la ATDT, lo que representa un salto cualitativo en la capacidad del gobierno para regular el discurso.
Riesgos para la Democracia
El control de la narrativa pública tiene profundas implicaciones para la democracia mexicana. La centralización del poder regulatorio en la ATDT reduce los contrapesos institucionales, debilitando la independencia de los medios. La posibilidad de bloquear plataformas digitales, como YouTube o X, bajo pretextos de «seguridad» o «violación de la ley» amenaza la libertad de expresión en un entorno donde las redes sociales son esenciales para la discusión pública.
Además, la ley podría beneficiar a grandes empresas nacionales, como América Móvil de Carlos Slim, al imponer regulaciones que afectan desproporcionadamente a competidores extranjeros o plataformas digitales. Este favoritismo, combinado con la capacidad de sancionar a medios independientes, podría consolidar un duopolio mediático entre Televisa y TV Azteca, reduciendo aún más la diversidad de voces.
La reacción pública ha sido contundente. El hashtag #LeyCensura se volvió tendencia en redes sociales, y la Alianza de Medios MX ha exigido un debate más amplio para garantizar la libertad de expresión. Sin embargo, la mayoría de Morena en el Congreso facilita la aprobación de la ley, lo que minimiza las posibilidades de modificaciones sustanciales.
Respuesta del Gobierno y Perspectivas
Sheinbaum ha negado intenciones censoras, atribuyendo las críticas a un «error de redacción» en los artículos sobre plataformas digitales. Durante su conferencia matutina del 24 de abril de 2025, afirmó que el gobierno «jamás censuraría» y expresó disposición a ajustar la redacción. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la estructura de la ley, que otorga amplios poderes discrecionales a la ATDT.
El futuro de la libertad de expresión en México dependerá de la presión de la sociedad civil, los medios independientes y la comunidad internacional. Organizaciones como Artículo 19 y R3D han exigido que la ley respete los estándares internacionales de derechos humanos, mientras que figuras de oposición, como Ricardo Anaya, han calificado la iniciativa como propia de «regímenes autoritarios».
Conclusión
La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025 representa un paso audaz del gobierno de Claudia Sheinbaum para institucionalizar el control de la narrativa pública, siguiendo el modelo de polarización y centralización de la administración de López Obrador. Aunque el gobierno argumenta que busca democratizar el acceso a internet y proteger la soberanía informativa, los amplios poderes otorgados a la ATDT, la eliminación del IFT y las sanciones desproporcionadas plantean un riesgo claro de censura. En un país con una historia de connivencia entre poderes económicos y mediáticos, esta ley podría consolidar un sistema donde el gobierno decide quién tiene voz, amenazando la pluralidad y la democracia. La sociedad mexicana enfrenta ahora el desafío de defender un espacio público libre y diverso frente a estas reformas.
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