Adicionalmente, 12 estados mantienen un balance negativo o muy negativo de la violencia letal.
Los datos oficiales podrían no estar mostrando con precisión la crisis de seguridad en varias regiones de México. Tomando en consideración diversos indicadores de violencia letal, además de las cifras de homicidio doloso, se observa que en 12 entidades prevalece un balance negativo o muy negativo.
La Ciudad de México está a punto de pasar de un balance regular a uno muy negativo. El volumen de desapariciones en la capital sugiere un deterioro en las capacidades de las fiscalías y un recrudecimiento del conflicto entre grupos criminales locales y nuevas organizaciones. Para el periodo enero-julio de 2025, con datos al 18 de agosto, la capital reportó 1306 personas desaparecidas, ocupando el primer lugar nacional.
Comportamientos inusuales en el registro de los delitos
El gobierno mexicano continúa utilizando la misma metodología para medir la violencia letal: los registros de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, esta medición presenta limitaciones para delinear su contexto: deterioro institucional y evolución de las dinámicas criminales. Tampoco refleja el total de los asesinatos en el país.
Lo anterior se ve expuesto en anomalías en el comportamiento de los datos. De 2024 a 2025, considerando los registros de enero a julio, las víctimas de homicidio doloso disminuyeron 16.4%. Sin embargo, en el mismo periodo, las víctimas de otros delitos contra la vida aumentaron 2.6%, y las personas desaparecidas 12.9%. Estas variaciones son aún más marcadas si se toma a 2019 como año base. A partir de entonces, los porcentajes se disparan 82% y 69.5%, respectivamente.
Las “otras realidades”. La violencia letal en los estados
Los datos nacionales también invisibilizan las dinámicas locales de la violencia letal. Es delicado hablar de un proceso de pacificación a nivel territorial a lo largo y ancho del país cuando se presentan estas cifras:
El tamaño de la violencia en 2025 (cifras totales enero-julio) tasa por cada 100 mil habitantes
Top 5 estados con la tasa más alta de violencia letal
Baja California (87.5)
Sinaloa (79.6)
Morelos (69.5)
Quintana Roo (65.2)
Guanajuato (62.5)
En el periodo enero-julio, Guanajuato sube a los primeros cinco lugares. Colima abandona dicha lista.
Top 5 estados con la tasa más baja de violencia letal
Yucatán (4.9)
Tlaxcala (6.7)
Coahuila (7.8)
Durango (12.7)
Chiapas (16.9)
En comparación con el periodo anterior, los mismos estados se mantienen dentro de los primeros cinco lugares.
La evolución de la violencia de 2024 a 2025 (cifras totales enero-julio)
Top 5 estados con mayor incremento de la tasa de violencia letal
Sinaloa (74.2%)
Hidalgo (28.4%)
CDMX (26.2%)
Nayarit (24.8%)
Baja California Sur (22.6%)
Después de un año de conflicto criminal y a pesar del despliegue de las Fuerzas Armadas, Sinaloa se mantiene como la entidad con mayor incremento en la violencia letal.
Top 5 estados con mayor reducción de la tasa de violencia letal
Zacatecas (39.4%)
Yucatán (33.8%)
Coahuila (31.7%)
Campeche (29.9%)
Chiapas (28.9%)
En comparación con el periodo anterior, Yucatán regresa a las entidades con mayor reducción de la violencia letal y Coahuila asciende en el ranking.
Un nuevo enfoque para medir la violencia
Para contribuir a tener diagnósticos más precisos, México Evalúa presenta mes con mes un balance sobre la violencia homicida a nivel estatal. Dicho balance centra el foco de atención en la tasa de violencia letal por cada 100 mil habitantes. Esta tasa se calcula en función de la totalidad de registros de todos los proxys: homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida, y personas desaparecidas y no localizadas.
A diferencia de otros indicadores, incluidos los empleados por el gobierno, nosotros comparamos, de manera simultánea, la magnitud actual de la violencia letal y su comportamiento a través del tiempo con los datos registrados en el mismo periodo del año anterior. De este modo, valoramos el contexto de inseguridad de cada estado en función de cuatro categorías:
Muy negativo: entidades con tasas superiores al promedio nacional del año anterior y tendencia anual al alza.
Negativo: entidades con tasas superiores al promedio nacional del año anterior, pero tendencia anual a la baja.
Regular: entidades con tasas inferiores al promedio nacional del año anterior, pero tendencia anual al alza.
Positivo: entidades con tasas inferiores al promedio nacional del año anterior y tendencia anual a la baja.
Considerar esta información de manera conjunta es clave para cuestionar a los gobiernos sobre las causas del incremento o la reducción del problema.
El contexto de la violencia: estados bajo fuego
Tres entidades mantuvieron, de enero a julio, un balance muy negativo: Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa.
– Baja California Sur continúa siendo utilizada como un punto estratégico de las organizaciones para movilizar narcóticos hacia la frontera norte, donde la violencia letal persiste como consecuencia de las disputas entre células operativas de las facciones que anteriormente conformaban el Cártel de Sinaloa.
– Chihuahua es fundamental para las organizaciones, pues controlarla permite diversificar las rutas de acceso a la frontera norte para el tráfico de drogas, personas y armas, la explotación de la industria minera y el cobro de piso en la región central del estado. A finales de mayo, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) hizo público que se identificó la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Chihuahua, lo que implica la presencia de una nueva organización en la entidad y un nuevo eje de conflicto criminal.
– Sinaloa sigue bajo una violencia letal que persiste al alza pese al involucramiento de alrededor de 100 militares de élite y 11 mil elementos de las fuerzas federales. Lo anterior permite puntualizar que la presencia de estos elementos no inhibe el intercambio de fuego entre organizaciones. Por el contrario, la militarización agrega una capa de violencia al conflicto criminal de la entidad.
Finalmente, otras 15 entidades —seis con balances regulares y nueve con balances negativos— muestran indicios de conflictos criminales susceptibles de desbordarse por la falta de capacidades policiales estatales y la presencia intermitente de elementos federales. Ignorar dichos conflictos podría derivar en otras guerras criminales a corto o mediano plazo.
Saldos positivos
Una buena noticia es que Puebla pasó a las entidades con un balance positivo, aunque mantiene el riesgo de colocarse en uno regular debido a que todavía registra una tasa alta de violencia letal. De este modo, existen 14 entidades con un saldo positivo: Puebla, Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Es la segunda ocasión que Zacatecas y Jalisco no figuran en esta lista; lo que genera preguntas sobre sus capacidades institucionales para capturar las diferentes expresiones de la violencia letal y sus incentivos políticos para subreportar estos fenómenos.
Yucatán mantiene un balance positivo, incluso al incorporar otros delitos más allá del homicidio doloso. También destaca que entidades como Coahuila y Campeche mantienen una tendencia a la baja en los registros de violencia letal. Esto sugiere la existencia de condiciones contextuales y de política pública particulares que contribuyen a una evaluación favorable.
¿Cómo leer el radar? El eje horizontal traza la tasa del año en curso por cada 100 mil habitantes. La tasa es más alta cuando supera el promedio nacional del año anterior. El eje vertical muestra el cambio porcentual con respecto a ese año. De este modo, ubicamos cuatro conjuntos sobre la situación de la violencia letal en los estados: positiva, regular, negativa o muy negativa. Cada conjunto cuenta con sus propias escalas de variación a partir de los puntos de corte establecidos. El radar permite detectar cuándo un estado está a punto de cambiar de situación, ayudando a identificar focos rojos.
En esta entrega se identificó un movimiento relevante: Puebla abandonó la etiqueta de regular y pasó a positivo. Hay que matizar que su tasa es muy cercana al promedio nacional y que su tendencia a la baja es moderada. De hecho, en el mes en curso se suscitaron ejecuciones, eventos de violencia política y narcomensajes que señalan un conflicto que se agudiza entre la célula regional del CJNG, “La Barredora” y las organizaciones locales. La autoridad del estado debe tomar acciones proactivas para seguir en la contención y disminución de la violencia letal de manera sostenida.
Por otra parte, aunque se mantienen dentro de un balance regular, Ciudad de México, Hidalgo y Nayarit exponen una tendencia al alza que requiere atención, por la magnitud de los incrementos identificados. Están, de hecho, muy cerca de alcanzar un estatus de muy negativo.
La autoridad de la Ciudad de México intenta administrar las disputas territoriales entre los dos grandes cárteles de la capital (La Unión y la Anti-Unión) y la organización Cártel del Tren de Aragua que por ahora busca controlar la trata, la extorsión y el narcomenudeo. En esta entrega, Ciudad de México ocupa el primer lugar en materia de personas desaparecidas, seguida por Estado de México. Aunado a la agudización de los conflictos criminales en Morelos, Puebla e Hidalgo, puede establecerse que en la zona centro del país hay conflictos criminales a punto de desbordarse.
Como se señaló en la entrega anterior, la violencia letal en Hidalgo atravesaba por un proceso de intensificación a partir del conflicto entre CJNG y organizaciones locales por el control del robo de hidrocarburos, con presencia también de La Familia y facciones del Cártel de Sinaloa. El recrudecimiento de la violencia se expresó primordialmente en Tula —municipio donde se encuentra una refinería—. Diversos eventos criminales motivaron el anunció de una nueva estrategia de seguridad por parte del gobernador. De ésta se sabe que considerará una mayor participación de la Defensa y la Guardia Nacional. La autoridad también reportó que la escisión del Cártel local “Los H”, tras la detención de su líder, Hugo Alberto M. M., es la causa del incremento en la violencia, aunque niegan la presencia de organizaciones nacionales en la entidad. Mayor presencia de las Fuerzas Armadas implica replicar el modelo implementado en Sinaloa, con los resultados obtenidos. Debe considerarse que la llegada de proyectos de infraestructura federales como la estación de carga y pasajeros en Tula puede complejizar la administración del conflicto criminal.
Finalmente, Nayarit está intentando contener el enfrentamiento entre Los Mayos (con presencia en Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas) y CJNG, conflicto que se ha expresado en actos de violencia contra la autoridad, narcomensajes y ejecuciones. La importancia de la entidad radica en que es una ruta alterna para movilizar narcóticos por el Pacífico.
Tendencias regionales destacadas
El mapa confirma una configuración territorial del crimen organizado caracterizada por altos niveles de violencia concentrados en tres grandes regiones del país: el noroeste, el centro-occidente y el sur-sureste.
En la región noroeste (que abarca entidades como Baja California, Sonora y Chihuahua), predominan los colores rojo (balance negativo) y café (balance muy negativo), lo que indica una intensa conflictividad derivada de la fragmentación del extinto Cártel de Sinaloa. Las disputas entre facciones como La Chapiza y Los Mayos, así como los enfrentamientos con grupos locales en Chihuahua, generan un entorno de violencia estructural que se agrava por la ubicación estratégica de esta zona como corredor fronterizo para el tráfico de drogas, armas y personas.
En contraste, las entidades que aparecen en color verde (como Yucatán, Tlaxcala, Aguascalientes y Coahuila) indican una menor exposición a disputas violentas. En algunos casos esto responde a la ausencia de mercados estratégicos o al dominio de un grupo que no enfrenta competencia significativa. Sin embargo, una baja intensidad de conflicto armado no debe interpretarse como ausencia de criminalidad, ya que pueden persistir fenómenos locales sin violencia visible como el cobro de piso o la infiltración institucional.
En síntesis, el mapa da cuenta de un país profundamente fragmentado, donde la violencia no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en regiones de alta disputa estratégica, mientras otras zonas experimentan un control criminal más estable o menor interés de las organizaciones. Sin embargo, es posible identificar, a grandes rasgos, dos bloques de distribución espacial: el corredor del Pacífico, con mayor violencia, y el corredor del Golfo, en aparente pacificación. Esta configuración exige enfoques diferenciados de política pública, con estrategias territoriales específicas que reconozcan la lógica criminal detrás de cada conflicto.
Anexo
Apunte metodológico
Este reporte considera los siguientes proxys de violencia letal: homicidio doloso; homicidio culposo; feminicidio; otros delitos contra la vida y la integridad corporal; y personas desaparecidas y no localizadas. Es decir, se incorporan homicidios culposos y otros delitos contra la vida corporal. Lo anterior, ante la evidencia que sugiere que el incremento de estos fenómenos refleja inconsistencias en el registro de cadáveres o mecanismos de exterminio del crimen organizado. Considerar esta información en su conjunto es útil para identificar patrones con mejor precisión, así como formular preguntas sobre las causas del incremento o reducción de la violencia letal y llamar a la rendición de cuentas.
Los datos provienen de las víctimas en carpetas de investigación reportadas mensualmente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y las proyecciones de población a mitad de año del Consejo Nacional de Población (Conapo).
El homicidio doloso ocurre cuando existe la intención de causar la muerte de otra persona. En cambio, el homicidio culposo se comete cuando no existe dicha intención, pero actuar negligente o imprudente provoca la muerte de la víctima.
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