El resurgimiento del sarampión en México, con más de 9,000 casos confirmados entre 2025 y febrero de 2026, ha escalado de una crisis sanitaria a un terreno de confrontación ideológica entre el gobierno federal y la oposición. Este brote, que ha causado al menos 28 defunciones y se ha extendido a todas las entidades federativas, pone en evidencia fallas en la cobertura vacunacional y genera debates sobre la responsabilidad en la gestión de la salud pública. Aunque el país había mantenido un estatus de eliminación de la enfermedad por décadas, la Organización Panamericana de la Salud evalúa revocar esta certificación en abril próximo, lo que intensifica las críticas mutuas.
Desde el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado que la mayoría de la población está inmunizada y que el gobierno cuenta con 28 millones de dosis disponibles, suficientes para cubrir rezagos. En conferencias matutinas, funcionarios como el secretario de Salud, David Kershenobich, y el director del IMSS, Zoé Robledo, han atribuido el origen del brote a omisiones en administraciones pasadas, desde Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto, particularmente en la aplicación de segundas dosis. Esta narrativa subraya que el primer foco, en Chihuahua en febrero de 2025, afectó mayoritariamente a no vacunados, y defiende la estrategia actual: se han aplicado 14.3 millones de vacunas en el periodo, superando los niveles habituales de 5 a 6 millones anuales. El énfasis en la coordinación con estados y la llamada a la calma busca proyectar control, como en el caso de Chihuahua, donde los contagios se redujeron drásticamente.
Por el contrario, figuras de la oposición, como el expresidente Felipe Calderón, han calificado el brote como evitable, acusando al actual régimen de negligencia en campañas universales de vacunación. Senadores del PRI han señalado que gobiernos de Morena abandonaron políticas preventivas, lo que permitió el regreso de la enfermedad tras años de control. En debates legislativos y mediáticos, como en la Mesa Política de Conexión Índigo, representantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han cuestionado la ejecución presupuestal: datos de Hacienda revelan que entre 2022 y 2025 se dejaron de ejercer 51 mil millones de pesos destinados a vacunación, lo que contradice la atribución exclusiva a sexenios anteriores. Esta discrepancia aviva polémicas sobre si el enfoque actual prioriza la propaganda sobre acciones concretas, especialmente cuando los contagios se concentran en menores de edad, un segmento que debería estar cubierto por programas recientes.
El análisis revela una polarización que distrae de soluciones integrales. Mientras el gobierno destaca avances en inmunización masiva, la oposición resalta caídas en cobertura durante la pandemia y transiciones administrativas. Elementos controvertidos incluyen la posible pérdida del estatus libre de sarampión, que podría afectar la imagen internacional de México ante eventos como la Copa del Mundo, y el impacto en poblaciones vulnerables, como migrantes o comunidades indígenas con menor acceso. Esta dinámica ilustra cómo crisis sanitarias se convierten en herramientas retóricas, postergando reformas para fortalecer la vigilancia epidemiológica y la responsabilidad compartida entre niveles de gobierno.
En última instancia, el brote subraya la necesidad de un enfoque unificado, más allá de culpas históricas, para restaurar la confianza pública y prevenir futuras emergencias. La efectividad de la estrategia federal se medirá en los próximos meses, pero el debate actual evidencia que la salud sigue siendo un campo minado por divisiones ideológicas.
