Los gobiernos de Chile, Brasil y México han oficializado la candidatura de Michelle Bachelet Jeria para el cargo de secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un movimiento que resalta la unidad regional en América Latina pero genera interrogantes sobre las dinámicas internas de poder y el uso de recursos públicos. Este anuncio, realizado el 2 de febrero de 2026, posiciona a la ex presidenta chilena como una contendiente fuerte para suceder a António Guterres, cuyo mandato concluye a finales de este año. La decisión conjunta subraya la tradición no escrita de rotación geográfica en la ONU, donde ahora le corresponde el turno a América Latina y el Caribe, y enfatiza la preferencia por una figura femenina, dado que ninguna mujer ha ocupado este puesto en los 80 años de historia de la organización.
Bachelet, médica pediatra de formación y con una trayectoria marcada por el liderazgo en contextos adversos, ha sido presidenta de Chile en dos periodos (2006-2010 y 2014-2018), directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Sus defensores argumentan que su experiencia en multilateralismo la hace ideal para abordar desafíos globales como el cambio climático, las desigualdades y los conflictos armados. El presidente chileno Gabriel Boric destacó su «trayectoria impecable» durante el anuncio en el Palacio de La Moneda, mientras que los respaldos de Brasil y México, bajo los mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum respectivamente, se interpretan como un esfuerzo por fortalecer la voz latina en el escenario internacional. Esta alianza podría potenciar la influencia regional, especialmente en temas como la reforma del Consejo de Seguridad y la agenda de desarrollo sostenible.
Sin embargo, la candidatura no está exenta de controversia. Alicia Bárcena Ibarra, actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México y ex secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), emergió como una aspirante prominente en 2025. Bárcena, con una carrera diplomática extensa, expresó públicamente su interés en el cargo, argumentando que era el momento para una mujer latina al frente de la ONU. Sus esfuerzos incluyeron reuniones con líderes internacionales y un viaje a Davos, financiados desde su posición oficial, lo que ha suscitado críticas sobre la responsabilidad en el manejo de fondos públicos. Algunos analistas ven en la decisión mexicana de respaldar a Bachelet una oportunidad perdida para promover una candidata nacional, posiblemente influida por afinidades ideológicas entre los gobiernos progresistas de la región. Críticos conservadores en Chile cuestionan si esta postulación beneficia al país o responde a intereses partidistas, mientras que en México se debate si los recursos invertidos en Bárcena representan un despilfarro, dada su exclusión final.
Desde una perspectiva imparcial, esta dinámica revela tensiones en la diplomacia latina: por un lado, fomenta la cohesión ante potencias globales; por otro, expone rivalidades internas y posibles presiones externas, como las de Estados Unidos o China, que podrían vetar candidaturas en el Consejo de Seguridad. Otras aspirantes, como la costarricense Rebeca Grynspan o la barbadense Mia Mottley, añaden complejidad al proceso, donde el género y la región son factores clave, pero no decisivos. La polémica radica en si esta unidad es genuina o un cálculo estratégico que sacrifica ambiciones individuales por un bien colectivo incierto.
En última instancia, la selección de 2026 probará si América Latina puede imponer su agenda en la ONU o si persisten las divisiones que debilitan su proyección global. El resultado podría redefinir el rol de la región en el multilateralismo, pero también invita a reflexionar sobre la transparencia en las campañas diplomáticas y la equidad en la distribución de oportunidades.
