La desclasificación progresiva de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense condenado por delitos sexuales y fallecido en 2019, ha generado un revuelo internacional desde su inicio en enero de 2024. Hasta febrero de 2026, se han liberado más de 3 millones de documentos, incluyendo correos electrónicos, registros de vuelos y testimonios judiciales, que mencionan a decenas de figuras políticas, empresariales y culturales. Estas revelaciones, ordenadas por el Congreso de Estados Unidos y el Departamento de Justicia, responden a demandas civiles contra Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años por tráfico sexual. Sin embargo, no todos los nombres implican participación en actividades ilícitas; muchos reflejan meras conexiones en la extensa red social y profesional de Epstein.
Entre los políticos destacados figuran los expresidentes estadounidenses Bill Clinton y Donald Trump, mencionados en agendas y fotografías, aunque ambos han negado conocimiento de crímenes. Clinton aparece en registros de vuelos a la isla privada de Epstein, mientras que correos de 2025 revelan interacciones de Trump con víctimas y referencias a su conducta. Otros nombres incluyen al príncipe Andrés del Reino Unido, quien resolvió una demanda extrajudicial; al exgobernador Bill Richardson; al ex primer ministro israelí Ehud Barak; y a figuras como Al Gore y Larry Summers. En Latinoamérica, menciones como la del economista peruano Hernando de Soto han suscitado debates locales, aunque él ha rechazado cualquier implicación delictiva. Estas alusiones abarcan países como México, Reino Unido e Israel, ilustrando la globalidad de la red de Epstein.
Las desclasificaciones han avivado controversias sobre su interpretación y uso. Por un lado, activistas y sectores progresistas argumentan que exponen la impunidad de las élites, cuestionando cómo figuras influyentes mantuvieron lazos con un depredador sexual convicto sin asumir responsabilidad. En redes sociales, publicaciones virales denuncian encubrimientos, como la supuesta retención de documentos para proteger a Trump, alimentando teorías conspirativas y demandas de transparencia total. Opositores republicanos en Estados Unidos han acusado al Departamento de Justicia de parcialidad, mientras demócratas ven en las revelaciones una oportunidad para escrutinio bipartidista.
Por otro lado, defensores de los mencionados insisten en que las referencias no equivalen a culpabilidad, sino a contactos empresariales legítimos en un mundo interconectado. Críticos conservadores, como influencers alineados con Trump, argumentan que las filtraciones son armas políticas, especialmente en contextos electorales, y que distraen de investigaciones más sustantivas. Esta dualidad genera polémica: ¿refuerzan los archivos una narrativa de corrupción sistémica, o fomentan linchamientos mediáticos sin pruebas judiciales? Analistas independientes destacan que, aunque no hay nuevas acusaciones formales contra la mayoría, el escrutinio público ha erosionado la credibilidad de instituciones, impulsando debates sobre reformas en vigilancia ética para líderes globales.
En resumen, los archivos Epstein subrayan tensiones entre transparencia y presunción de inocencia, polarizando opiniones en un ecosistema digital donde la especulación prolifera. Su impacto perdura, invitando a reflexiones sobre el poder y sus sombras, sin resolver del todo las complicidades subyacentes.
