La revocación de visas para entrar a Estados Unidos a un alcalde y una gobernadora mexicanos es parte del plan de Estados Unidos para combatir a los cárteles mexicanos que trafican droga hacia su territorio.
Se trata de un plan que ha sido esbozado desde noviembre pasado, luego de la victoria electoral de Donald Trump, y que se ha dado a conocer a cuentagotas a través de declaraciones, filtraciones y unas cuantas decisiones tomadas desde el pasado 20 de enero, cuando se realizó la toma de posesión del ahora inquilino de la Casa Blanca.
Así, no nos debe extrañar que ahora se recurra a la revocación de visas de políticos mexicanos, si desde hace meses hemos tenido indicios de que se estaba preparando toda una estrategia para cumplir lo que fue una de las promesas de campaña más llamativa de Trump en su pasada campaña electoral.
La designación de los cárteles como organizaciones terroristas, advertencias sobre operativos con fuerzas armadas estadounidenses para desmantelar a los cárteles, vuelos de drones, presencia de barcos de la Armada de Estados Unidos cerca las costas mexicanas, declaraciones acerca de posibles acciones en contra de funcionarios que protegen a integrantes del crimen organizado, entre otras medidas o palabras, son parte de la estrategia en curso.
La revocación de visas forma parte de este entramado.
¿Qué sigue?
Pero no hay que adelantarse a una estrategia que tiene sus tiempos de ejecución perfectamente planeados y sus plazos establecidos, pues hay que considerar que el gobierno de Trump apenas cumplió sus primeros 100 días en la Casa Blanca, por lo que tiene por delante aún más de 3 años para dar resultados, así que con la paciencia que esto implica se empezarán a conocer las nuevas medidas como parte de los planes que se tienen para alcanzar las metas fijadas.
Y la revocación de visas es sólo una parte, mínima, en todo esto, pues como señala en una colaboración en su portal Pie de Nota, “la idea de que los políticos corruptos son el objetivo principal de la DEA, el Departamento de Estado o el Departamento del Tesoro es errónea a corto plazo. No por falta de pruebas o voluntad, sino porque la lucha contra los cárteles sigue una lógica estratégica: primero, desmantelar la red, luego perseguir a las figuras visibles. La prioridad inmediata no es el Congreso ni los gobiernos estatales, sino las estructuras criminales invisibles que cruzan fronteras, sobornan a funcionarios de aduanas y filtran información”.
Esto muestra que la estrategia en marcha buscará primero el desmantelamiento de las estructuras de los cárteles y en este punto hay que poner atención al acuerdo que los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera están teniendo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos –la entrega de 17 familiares de éstos es parte de este escenario–, con lo que la justicia estadounidense tendrá información de primera mano para planear sus siguientes acciones.
En la misma línea se inscribe otro acuerdo de Ismael “El Mayo” Zambada y de sus hijos –como parte de los cofundadores del Cártel de Sinaloa–, que también están en manos de la justicia estadounidense.
Agregue los vuelos de reconocimiento con permiso del gobierno mexicano, la entrega de 29 delincuentes vinculados al narcotráfico, los operativos –como el que se dio a conocer el 15 de mayo con presencia o apoyo del ICE de Estados Unidos– y podremos comprender mejor el alcance de la estrategia.
Y más revocaciones de visas podrían darse en el mediano plazo, algo que no se puede descartar.
Hacia donde se dirige la estrategia
De acuerdo a Luis Chaparro, “una vez alcanzados los principales objetivos operativos (limpieza de aduanas, inteligencia militar y logística), probablemente se iniciará una segunda fase de presión, centrada en la clase política. En ese momento, podríamos ver acciones legales más agresivas, desde acusaciones formales en tribunales federales hasta sanciones bajo la Ley Kingpin, o incluso solicitudes de extradición”.
Esto coincide con lo dado a conocer en el portal Propublica, en el cual se informó que los funcionarios mexicanos vinculados al crimen organizado sí están en la mira, pero –coincidiendo con lo escrito por Luis Chaparro– esta medida será implementada de manera gradual.
“La revisión de la corrupción del narcotráfico en México fue iniciada por un pequeño equipo de la Casa Blanca que solicitó información a las agencias policiales y a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sobre figuras políticas, gubernamentales y militares mexicanas con vínculos criminales.
“Los funcionarios afirmaron que el grupo ha estado definiendo la política de seguridad de la administración con México bajo el liderazgo de Anthony Salisbury, asesor adjunto de seguridad nacional de la Casa Blanca. Está supervisado por Stephen Miller, subjefe de gabinete.
“Un portavoz de la Casa Blanca se negó a hacer comentarios en respuesta a preguntas sobre el papel del grupo en el inicio de las sanciones de viaje.
“Un funcionario familiarizado con la lista del equipo dijo que se superpone con un archivo de unos 35 funcionarios mexicanos que fue compilado por investigadores de la Administración de Control de Drogas en 2019, después de que López Obrador comenzara a cerrar la cooperación de México con Estados Unidos en programas antidrogas”.
Y lo que pone el remate momentáneo en esta historia en desarrollo, es el papel del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha cedido en varias exigencia que ha hecho la administración Trump, cargando con la pesada herencia que le dejó su antecesor más inclinado en hacer realidad sus ocurrencias que presidir un gobierno con responsabilidades incluso jurídicas.
“’Deberíamos estar usando todos los recursos del gobierno para perseguir a estas personas’, dijo el funcionario, refiriéndose a los funcionarios mexicanos corruptos. “’Pero la pregunta más importante es: ¿Funcionará esto con la presidenta Sheinbaum? ¿Van a perder una oportunidad ahora con un gobierno mexicano que ha sido muy obediente en el tema del narcotráfico?’”, planteó Propublica.
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