En lo que va de la actual administración federal, México ha registrado un total de 128,798 denuncias por el delito de amenazas, una cifra que pone de manifiesto la persistente tensión en diversas regiones del país. Según el reporte más reciente de TResearch International, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan solo en noviembre de 2025 se contabilizaron 10,860 nuevos casos. Esta cifra representa una ligera disminución del 1% en comparación con el mismo mes del año anterior, sugiriendo una estabilización en la incidencia de este delito en el corto plazo.
El análisis geográfico revela una concentración crítica: la Ciudad de México, Guanajuato y Coahuila agrupan el 35% de todas las denuncias presentadas en el periodo. La capital del país encabeza la lista con 18,407 casos, seguida de cerca por Guanajuato con 14,174 y Coahuila con 12,171 reportes. Estas entidades se han convertido en los focos rojos de un delito que, aunque menos letal que otros, impacta directamente en la percepción de seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos en sus entornos cotidianos.
Al observar la tasa por cada millón de habitantes, el panorama cambia y pone el foco en estados con menor población pero mayor riesgo relativo. Coahuila encabeza esta lista con 3,868 amenazas por millón, seguida por Colima con 3,718 y Baja California Sur con 2,788. Estas cifras superan por mucho el promedio nacional, que se sitúa en aproximadamente 1,014 casos por millón de habitantes, lo que obliga a las autoridades locales a replantear sus estrategias de prevención del delito y atención ciudadana.
Desde una perspectiva histórica, la tendencia muestra un descenso gradual en los últimos años. Mientras que en 2023 se registraron 140,430 denuncias y en 2024 la cifra bajó a 138,717, el cierre proyectado para 2025 se ubica en 128,798 casos. Esto representa una reducción anual del 7%, una señal positiva que el gobierno federal podría destacar como parte de sus avances en materia de seguridad. Sin embargo, el volumen total de denuncias acumuladas en el sexenio subraya que las amenazas siguen siendo una de las infracciones más recurrentes en el sistema de justicia mexicano.
Para los analistas políticos, estos números son clave para entender la efectividad de las políticas de seguridad pública. El hecho de que tres entidades concentren más de un tercio de los casos sugiere que los factores locales, como la presencia de grupos delictivos o la eficiencia de las fiscalías para recibir denuncias, juegan un rol determinante. La nota positiva es la tendencia a la baja, pero el desafío reside en reducir la alta incidencia en los estados que hoy lideran las estadísticas de violencia verbal y psicológica en el país.
