La seguridad de las mujeres y grupos vulnerables en México enfrenta un desafío crítico. Según el reporte más reciente de TResearch, basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias por violación equiparada han alcanzado niveles históricamente altos, cerrando el año 2025 con una tendencia al alza que preocupa a especialistas y ciudadanos por igual.
En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado 6,123 casos de este delito en todo el país. Lejos de mostrar una reducción significativa, las cifras de diciembre de 2025 revelaron un incremento del 8% en comparación con el mismo mes del año anterior, revirtiendo la leve mejoría que se había registrado previamente.
El mapa de la violencia: zonas críticas
El fenómeno de la violación equiparada no se distribuye de manera uniforme, sino que muestra una preocupante concentración en las zonas más urbanizadas y pobladas del país. Tan solo tres entidades federativas —Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León— agrupan el 44% del total de las denuncias registradas en el periodo actual.
Sin embargo, cuando se analiza el riesgo relativo ajustado por el número de habitantes, el panorama cambia drásticamente. Las entidades con las tasas de denuncias más altas por cada millón de habitantes son:
* Campeche
* Ciudad de México
* Hidalgo
Estas regiones superan el promedio nacional, lo que indica que, independientemente del volumen total de población, la incidencia delictiva en estos estados es particularmente severa.
Una escalada que no se detiene
La perspectiva histórica que ofrece el informe es contundente: el problema no ha sido contenido. Entre 2015 y 2021, México vivió una escalada acelerada en el número de denuncias, alcanzando un pico máximo en 2021 con 5,976 casos anuales. Aunque en los años posteriores el ritmo de crecimiento pareció moderarse ligeramente, los niveles actuales se mantienen en una meseta estructuralmente alta.
Por ejemplo, mientras que en 2015 se registraban poco más de 2,000 casos anuales, para 2022 la cifra ya superaba los 7,400. El cierre de 2025 con más de 6,100 casos confirma que la violencia sexual sigue siendo una de las deudas pendientes más urgentes en la agenda de seguridad pública.
Este panorama pone bajo la lupa la efectividad de las políticas de prevención y procuración de justicia. El hecho de que las cifras se mantengan en máximos históricos sugiere que las causas raíz del problema persisten y que el sistema de justicia enfrenta barreras significativas para frenar esta conducta delictiva. Para los ciudadanos y actores políticos, estos datos son un llamado a la acción para reforzar los mecanismos de protección y garantizar que el acceso a la justicia sea una realidad y no solo una estadística al alza.
