En el coctel anual de autores de Penguin Random House, celebrado recientemente, su director general, Roberto Banchik, defendió con firmeza la libertad de expresión. Reveló que 2025 registró el mayor número de demandas judiciales contra la editorial y varios de sus autores, interpuestas principalmente por funcionarios y exfuncionarios de gobiernos estatales y federales vinculados a Morena y la Cuarta Transformación (4T).
El dato expuesto por Banchik coincide con documentaciones independientes. Organizaciones como Artículo 19 reportaron un incremento sostenido del acoso judicial (51 casos entre enero y julio de 2025 contra periodistas y medios), incluyendo litigios contra Penguin Random House por libros como Traición en Palacio, que cuestionan presuntas irregularidades en la justicia durante el período de la 4T. Ejemplos concretos involucran órdenes judiciales para insertar réplicas en futuras ediciones o demandas por daño moral y difamación.
Este panorama se complementa con episodios regionales de tensión. En Campeche, periodistas han enfrentado procesos penales y civiles promovidos por autoridades locales, con un caso extremo de revisión previa de contenidos ordenada por un juez. A ello se suman reformas estatales, como la tipificación del “ciberasedio” en Puebla, criticadas por diversos analistas y defensores de derechos humanos por su potencial efecto restrictivo sobre el debate público y la crítica ciudadana.
Desde la otra orilla, funcionarios y sus representantes legales sostienen que estas acciones no constituyen censura, sino el ejercicio legítimo del derecho al honor, la intimidad y la reputación. Argumentan que publicaciones con acusaciones graves de corrupción o “negocios” en el sistema judicial deben sujetarse a responsabilidad documental rigurosa, evitando la impunidad de la calumnia bajo el manto de la libertad de expresión. Tribunales han concedido en algunos casos derechos de réplica o medidas cautelares, lo que interpretan como protección del Estado de derecho.
Adicionalmente, medios como El Financiero han registrado la salida o reducción de columnistas críticos hacia la 4T, como es el caso de Sergio Negrete Cárdenas y Fernando García Ramírez. Estos movimientos alimentan interpretaciones sobre presiones indirectas o reajustes editoriales en contextos de polarización.
El incremento de litigios plantea un dilema estructural: ¿refleja una estrategia sistemática de desincentivo a la crítica (efecto disuasorio o SLAPP) o una necesaria corrección ante excesos informativos en una era de alta confrontación política? El artículo 7 constitucional protege la difusión de ideas, pero no exime de responsabilidad civil o penal por falsedades que dañen terceros. El debate resultante interpela tanto al poder judicial como al oficio editorial sobre los límites éticos y legales de la crítica en una democracia polarizada. La industria editorial y la sociedad enfrentan el reto de equilibrar apertura informativa con estándares de veracidad que sostengan la confianza pública.
