A pesar de las constantes movilizaciones y la presión de grupos feministas para eliminar el aborto del Código Penal, las cifras oficiales revelan que el sistema judicial sigue procesando este acto como un delito. Durante el actual sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han acumulado 898 denuncias por aborto en todo el país. Esta cifra pone de manifiesto que, pese a los avances en la narrativa política, la demanda de derogar este delito a nivel nacional sigue siendo una tarea pendiente en la agenda legislativa.
El reporte «México en Números» de TResearch International detalla que, lejos de desaparecer, la incidencia delictiva por este concepto ha mostrado picos preocupantes. Por ejemplo, en el año 2025 se registraron 898 casos, lo que representa un incremento del 13% en comparación con los 794 registros reportados en 2024.
Noviembre: un mes de repunte en denuncias
La resistencia a la despenalización total se refleja en las estadísticas mensuales más recientes. Durante noviembre de 2025, se recibieron 79 denuncias, lo que significa un aumento del 39% respecto al mismo mes del año anterior. Este incremento rompe con cualquier expectativa de una disminución inmediata del ejercicio de la acción penal contra las mujeres y personas gestantes en el territorio mexicano.
Los focos rojos: Estado de México y Ciudad de México
La geografía de la criminalización del aborto muestra una concentración clara en el centro del país. El Estado de México y la Ciudad de México aglutinan el 43% de los casos reportados durante la administración de Claudia Sheinbaum.
En el desglose por entidad federativa, las cifras son las siguientes:
Estado de México: lidera la lista con 231 denuncias.
Ciudad de México: ocupa el segundo lugar con 159 registros.
Nuevo León: se posiciona en tercer sitio con 84 casos.
Tamaulipas y Querétaro: reportan 50 y 49 casos respectivamente.
Incidencia por cada millón de habitantes
Cuando se ajustan las cifras al tamaño de la población, el ranking de criminalización cambia, revelando que en estados con menor densidad también se persigue activamente este delito. Baja California Sur, Querétaro y la Ciudad de México son las entidades con más denuncias por cada millón de habitantes.
Este panorama estadístico, basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, confirma que el aborto continúa siendo un recurso de persecución penal en gran parte del país. Mientras las colectivas mantienen su exigencia de «aborto legal, seguro y gratuito», los números sugieren que el sistema judicial aún no ha dado el paso definitivo hacia la despenalización total que exigen los grupos civiles.
