El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026, ha desencadenado una ola de bloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos en al menos ocho estados del país. Este suceso, confirmado por fuentes federales y estatales, representa un golpe significativo al crimen organizado, pero también expone vulnerabilidades en la estrategia de seguridad nacional, generando debates sobre la planeación y sus consecuencias en la población civil.
El operativo, ejecutado por fuerzas federales en la sierra sur de Jalisco, derivó en reacciones inmediatas de células del CJNG. Bloqueos con vehículos incendiados se reportaron en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, Oaxaca y Puebla, afectando carreteras clave y generando caos en zonas urbanas como Guadalajara y Puerto Vallarta. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó el «código rojo», instalando mesas de seguridad con los tres niveles de gobierno para contener la violencia y recomendando a la ciudadanía resguardarse en sus hogares. El Gabinete de Seguridad federal aseguró que se atienden los incidentes mediante operativos coordinados, enfatizando la protección ciudadana.
Desde una perspectiva oficial, este abatimiento se presenta como un logro histórico contra uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, con una recompensa de 15 millones de dólares por su captura. Autoridades destacan que debilita al CJNG, responsable de tráfico de drogas, huachicol y violencia extrema, alineándose con la estrategia de pacificación del gobierno actual. Sin embargo, críticos cuestionan la ausencia de medidas preventivas para mitigar las retaliaciones predecibles, dado el historial del cártel en respuestas violentas a detenciones o abatimientos previos.
Esta crítica invita a polémica al resaltar la responsabilidad del Gabinete de Seguridad en anticipar escenarios de escalada. ¿Se subestimó la capacidad de respuesta del CJNG, con su arsenal que incluye lanzacohetes RPG-7? Opositores argumentan que la falta de planeación integral expone a civiles inocentes a riesgos innecesarios, como asaltos, interrupciones económicas y miedo generalizado, perpetuando un ciclo donde los ciudadanos pagan el costo de operativos reactivos. En redes sociales, usuarios expresan indignación por la recurrencia de estos eventos, acusando al gobierno de priorizar golpes mediáticos sobre la seguridad cotidiana.
Analíticamente, el incidente refleja tensiones estructurales en la política de seguridad mexicana. Por un lado, el gobierno defiende estos operativos como esenciales para desmantelar estructuras criminales, argumentando que la inacción perpetuaría el control territorial del crimen. Por otro, analistas independientes señalan que sin inteligencia previa para neutralizar respuestas coordinadas, tales acciones pueden exacerbar la inestabilidad, afectando economías locales y erosionando la confianza pública. La alerta emitida por la Embajada de Estados Unidos para sus ciudadanos en Jalisco subraya la percepción internacional de riesgo, potenciando debates sobre la efectividad de la coordinación federal-estatal.
En última instancia, este episodio genera indignación al evidenciar cómo operativos exitosos en lo táctico pueden fallar en lo estratégico, dejando a la población vulnerable. Mientras el gobierno celebra el abatimiento, la sociedad civil demanda mayor responsabilidad en la prevención de colaterales civiles, urgiendo reformas que equilibren combate al crimen con protección comunitaria. El desenlace podría reconfigurar dinámicas internas del CJNG, pero por ahora, el foco está en restaurar el orden y evaluar lecciones aprendidas.
