La expansión de las redes sociales digitales ha transformado la conversación pública y modificado la relación entre ciudadanía y poder. En esas plataformas, los esfuerzos de construir legitimidad a través de narrativas son rebasados en cada vez menos tiempo. Ante esa realidad, la mejor construcción de legitimidad es la que debió ser desde un inicio: cumplir las demandas de la ciudadanía.
Para lograrlo, la certidumbre fiscal es la base. Una recaudación tributaria ágil, transparente y alineada con la actividad productiva es el motor que financia el desarrollo. Sin solvencia económica, las iniciativas de gran calado orientadas a garantizar derechos fundamentales —como la universalización de la salud— corren el riesgo de comprometer la calidad de la atención —y, con ello, la legitimidad.
Las políticas de seguridad y pacificación, que protegen el tejido productivo y la economía familiar, también comparten esa visión. Formas delictivas en aumento, como la extorsión, exigen diagnósticos focalizados y acciones efectivas para contrarrestarlas.
La lección común es que las buenas intenciones y los cambios normativos no bastan para legitimar. Su fundamento —la viabilidad a largo plazo de todas estas políticas— descansa sobre instituciones firmes, no sobre índices de popularidad.
