En lo que va de 2026, las fiscalías estatales de México han registrado un total de 2 676 denuncias por el delito de corrupción de menores, lo que representa un incremento del 10 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos oficiales recopilados en el reporte emitido por la firma TResearch. Tan solo durante el mes de septiembre se contabilizaron 335 carpetas de investigación por esta ilícita conducta, una cifra que refleja un aumento del 18 por ciento frente a septiembre de 2025 y un incremento del 23 por ciento respecto al mes de agosto inmediato anterior. Este comportamiento posiciona al presente año en una trayectoria proyectada hacia el nivel más alto del que se tenga registro en el país.
Las proyecciones realizadas con base en los registros de la incidencia delictiva del fuero común sugieren que el año 2026 podría cerrar con una cifra cercana a las 3 500 denuncias formales, superando el récord histórico previo registrado en 2025 con 3 199 casos. El informe indica que en los últimos doce meses la tasa nacional ascendió a 2.7 denuncias por cada 100 mil habitantes, lo que implica un promedio nacional de una carpeta abierta cada dos horas durante el año en curso. A pesar de la gravedad que reviste la inducción de niñas, niños y adolescentes a conductas ilícitas, adicciones o explotación, la corrupción de menores se ubica en el puesto número 21 entre 26 delitos monitoreados por la cantidad total de denuncias, pero destaca en el cuarto lugar nacional de los ilícitos con mayor crecimiento en 2026.
En el análisis territorial, la problemática muestra un marcado grado de concentración geográfica. Tan solo cinco entidades federativas agrupan el 58 por ciento de la totalidad de los expedientes abiertos en el país entre enero y septiembre de 2026. La lista la encabeza el estado de Guanajuato con 659 carpetas de investigación, lo que representa el 24.6 por ciento del total nacional. Le siguen la Ciudad de México con 328 casos, lo que equivale al 12.3 por ciento; Baja California con 202 casos y 7.5 por ciento; Quintana Roo con 199 expedientes y 7.4 por ciento; y Nuevo León con 158 denuncias, representando el 5.9 por ciento. En términos de la tasa ajustada por habitantes, Guanajuato y Quintana Roo encabezan la mayor incidencia acumulada en los últimos doce meses, alcanzando un indicador de 13 y 13.0 denuncias por cada 100 mil personas, respectivamente.
El desglose estadístico detalla además que en catorce estados de la República las denuncias aumentaron respecto a 2025, siendo Guanajuato la entidad con el incremento absoluto más pronunciado al sumar 149 casos adicionales, mientras que en dieciocho estados la cifra disminuyó, encabezados por Nuevo León con un descenso de 108 casos. Asimismo, once entidades federativas atraviesan su periodo más crítico desde 2015 al haber marcado máximos históricos en el lapso de enero a septiembre. A nivel municipal, las cifras ubican a Yuriria, en Guanajuato, con la tasa anualizada más elevada en localidades de más de 50 mil habitantes, registrando 47 casos por cada 100 mil personas, mientras que los municipios con mayor número de casos absolutos registrados son Celaya, León y Benito Juárez.
