La consultora Spin, especializada en comunicación estratégica y análisis político, publicó el 11 de octubre en su sección Checkpoint un análisis con una tesis incómoda: la presidenta Claudia Sheinbaum recurre a la defensa de la soberanía como recurso de comunicación política, porque enfrenta poco margen fiscal, bajo crecimiento y presión de Washington. Conviene examinarla con sus datos y con sus límites.
La tesis de Spin. Según el texto, la aprobación presidencial se ha estancado al cierre del segundo año de gobierno y, sin reforma tributaria ni holgura en el gasto social, el margen interno es casi nulo. Ante el riesgo de un conflicto comercial o de nuevos expedientes contra funcionarios, el discurso patrio operaría como escudo que cohesiona a la base antes de las elecciones de 2027, cuando se renovarán la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.
Los datos de la subordinación. El documento aporta cifras de cooperación. En 2025, el gobierno autorizó la entrega de 130 personas requeridas por Estados Unidos y en 2026 sumó 48 más, para un total de 178. Las llamadas entre mandatarios pasaron de 10 en 781 días con López Obrador a 22 en 630 días con Sheinbaum, una cada cuatro semanas, el triple de frecuencia. Spin añade que la revocación de visas se ha usado como denuncia mediática de presunta colusión con el crimen organizado, y que los políticos mexicanos la presentan como intromisión pese a ser un trámite administrativo discrecional.
La versión del gobierno. Aquí aparece la fricción. Sheinbaum sostiene que la revocación de visas es un asunto de injerencia, que se hace sin pruebas, y que México mantiene buena relación con Estados Unidos pero sin subordinación. Su gobierno invoca además la falta de reciprocidad: la presidenta afirmó que desde 2018 México ha presentado 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos que fueron ignoradas o rechazadas. No es un argumento menor, porque relativiza la idea de que la cooperación sea unilateral. A ello se suma que en mayo descartó imponer visas a ciudadanos estadounidenses y canadienses para evitar un conflicto innecesario. Esa decisión puede leerse como prudencia diplomática o como prueba de que el discurso tiene un techo muy bajo.
Lo que la tesis deja sin resolver. El análisis tiene tres puntos débiles. Primero, atribuye intención: afirmar que la soberanía «enmascara» una realidad exige demostrar el cálculo, y un texto sobre discursos solo puede mostrar coincidencias de calendario. Segundo, minimiza el contexto de las visas: el exembajador Earl Anthony Wayne dijo que el gobierno de Trump estaba encontrando nuevas formas de presionar a México. Que el trámite sea discrecional no lo vuelve neutral. Tercero, las gráficas y la tabla que sustentan la comparación de los discursos de 2025 y 2026 no estaban disponibles en el texto consultado, de modo que el contraste cuantitativo del giro retórico no puede verificarse aquí. Conviene recordar, además, que Spin es una consultora con perfil propio, no un observador sin posición.
Donde la crítica sí pega. Spin acierta en un punto de fondo: la negativa a reconocer vínculos entre gobernantes y crimen organizado, mientras en Estados Unidos avanzan expedientes, alimenta la percepción de impunidad. El episodio de los diez funcionarios es ilustrativo: la Fiscalía supeditó las detenciones a que Washington entregue evidencias y la investigación abierta no ha tenido mayores avances. Exigir pruebas es legítimo. Sin embargo, la soberanía que solo se invoca contra señalamientos a los propios, y no frente a las entregas aceleradas de capos, queda expuesta a la acusación de ser selectiva. Ese es el verdadero flanco: la defensa no es incoherente por existir, sino por aplicarse con intensidad desigual.
Dos lecturas, ninguna concluyente. Para quienes respaldan al gobierno, la fórmula de cooperar sin subordinarse es una estrategia realista frente a un vecino que dispone de aranceles, visas y tribunales. Para sus críticos, es una retórica que compensa con símbolos lo que no puede sostener con poder. Ambas lecturas comparten un hecho: México coopera más que nunca y, a la vez, proclama más que nunca su independencia. Que ambas cosas ocurran juntas no prueba hipocresía, pero tampoco la descarta.
La soberanía se mide en decisiones, no en discursos. Si el país entrega más personas, atiende más llamadas y a la vez eleva el tono patriótico, ¿dónde está la frontera entre defender la autonomía y administrar la dependencia?
