Después de nueve meses de marchas, protestas y paros de médicos que exigían ajustes salariales, el presidente Gustavo Díaz Ordaz utilizó la tribuna del Congreso durante su primer informe de gobierno –como repetiría el numerito en 1969 sobre el 68 estudiantil– para lanzar la amenaza de que no se podían ajustar en pagos y que en el escenario estaba la desaparición de la política de salud pública del Estado.
En su razonamiento autoritario, el presidente Díaz Ordaz dijo que el presupuesto público estaba limitado: “si el pueblo de México estuviere dispuesto a pagar más impuestos –y sé muy bien que no lo está– para que con ese dinero se pagara a los médicos, yo no tendría sino que obedecer… las órdenes del pueblo”. Los pagos a los médicos deben ser “razonables y decorosos, mas no fuera del marco de las posibilidades económicas del país”.
Ante la crisis fiscal del Estado para no ajustar salarios médicos, el presidente Ordaz amenazó con “reducir los servicios médicos que presta el Estado», aunque sin suprimirlos todos, “pero será indispensable recortarlos”. Y reiteró su amenaza con decisión: “estamos dispuestos, de no quedar otra posibilidad, a afrontar esta grave y dolorosa responsabilidad (determinar con los servicios médicos del Estado) no legal porque la Constitución no establece una obligación del Estado de prestar asistencia médica en general, pero sí social, política, humanitaria”.
Luego vendrían, en medio de aplausos estruendosos sobre todo de la mayoría del PRI en las dos cámaras legislativas, las coacciones: si el gobierno no puede obligar a los médicos a prestar servicios, “puede y debe sancionar a los responsables de los graves daños que se están ocasionando (aplausos nutridos y prolongados, señala la versión oficial del informe). La opinión pública, que en el principio de este conflicto les fue favorable, ahora les es casi totalmente adversa y nos está exigiendo proceder con energía”. El presidente Díaz Ordaz en la tribuna de la Cámara habló de delitos y de aplicar “todo el rigor de la ley” contra los responsables de los paros médicos.
Eso sí, el presidente Diaz Ordaz tenía claro el escenario político: “no se trata de un simple vulgar regateo económico; este conflicto implica el planteamiento de cuestiones fundamentales”. Primero, el derecho de huelga que en servicios como agua, teléfonos, transportes, “fábrica de pan” (aplausos prolongados).
También, “precisa si la salud del pueblo es una ineludible responsabilidad de todos, en primer término de los médicos, o una cuestión secundaria”. Luego “dilucidar si en México rige la Constitución y las leyes o la voluntad caprichosa de un grupo reducido de personas”.
En suma, “escoger entre un régimen de derecho, y entonces ajustarnos a las leyes, o decidirnos definitiva y claramente por la anarquía. El pueblo y el gobierno hemos escogido el camino del orden que marca la Constitución”.
Y sin dar más de los ajustes menores algunos niveles salariales, se dirigió desde el Congreso “a quienes instigan este conflicto”, pero también “a quienes han sido arrastrados al conflicto por asambleas de abundante violencia verbal” y “en nombre del dolor de nuestro pueblo les pido que reflexionen serenamente sobre la gravísima responsabilidad legal, social y ética que están contrayendo”.
Y con visión, eso sí, política y de Estado, el presidente Díaz Ordaz lanzó un párrafo que sería una especie de premonición de lo que ocurriría tres años después con el movimiento estudiantil-popular del 68: “en el futuro, este problema (médico) será uno de los muchos que le haya tocado afrontar al régimen; en cambio, una actitud precipitada de las actuales generaciones, ¿no podría manchar para siempre limpio y nombre historial de la clase médica mexicana?
Y remató invocando “su sentido de solidaridad humana (de los médicos) para que vuelvan, de inmediato, al lado de los enfermos, víctimas inocentes que se debaten entre el dolor y la muerte”.
Al final, el presidente Dñiaz Ordaz tomó el camino penal: la entonces PGR abrió carpetas de investigación y el Poder Judicial, como en el 68 estudiantil, obsequió órdenes de aprehensión los dirigentes que la Dirección Federal de Seguridad, dirigida entonces por el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, había identificado (https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1851-82652011000100007, de Gabriela Soto Laveaga) como cabecillas de las movilizaciones populares de los médicos en busca de mejores salarios y de protección institucional.
El presidente Díaz Ordaz utilizó problema médico para definir una política autoritaria contra movilizaciones populares, incluyendo la represión que lo hundiría en el lodazal de la historia en el 68 estudiantil-popular.
Esta historia es contextual del caso actual de protestas de médicos del sector público.
Política para dummies: La política es la misma y lo que cambian son los políticos que al final siguen siendo los mismos.
@carlosramirezh
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