En lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las autoridades han registrado un total de 32,822 denuncias contra servidores públicos en México por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con el informe estadístico elaborado por la consultora TResearch International, basado en los registros oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra refleja la continuidad de esta problemática en los primeros años de la presente gestión federal.
Unicamente durante el mes de agosto de 2026, las fiscalías y ministerios públicos locales y federales contabilizaron 1,631 denuncias por delitos atribuibles a funcionarios públicos en todo el país. Esta cantidad representó un incremento del 4 por ciento al compararse de forma directa con los 1,568 casos que se reportaron durante el mismo mes del año 2025.
Asimismo, los datos consolidados del año en curso señalan que entre los meses de enero y agosto de 2026 se acumulan 13,359 carpetas de investigación por estas conductas ilícitas. La cifra se encamina a los niveles observados en periodos anuales previos, tomando en cuenta que a lo largo de todo el año 2025 el total nacional cerró con un registro de 19,463 denuncias formales ante las instituciones de procuración de justicia.
En cuanto a la distribución geográfica de los casos durante el actual periodo de gobierno federal, el reporte destaca una fuerte concentración territorial. Tres entidades federativas reúnen por sí solas el 51 por ciento de la totalidad de las denuncias recibidas en el país: la Ciudad de México encabeza la lista con 7,345 registros, seguida por el Estado de México con 6,185 investigaciones y el estado de Nuevo León con 3,065 casos acumulados.
Al analizar la frecuencia delictiva en proporción con el tamaño de la población, los indicadores muestran un panorama distinto en la tasa por cada millón de habitantes. Bajo esta métrica, el estado de Baja California Sur se ubica en el primer lugar nacional con 1,171 denuncias por cada millón de residentes, mientras que la Ciudad de México se posiciona en segundo sitio con 798 registros y la entidad de Colima ocupa el tercer lugar con 566 denuncias en esa misma proporción.
