Alianza de Internet cuestiona investigaciones de la autoridad

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La Asociación Mexicana de Internet expresó su reconocimiento pero también su firme preocupación ante los comunicados recientes emitidos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La controversia surgió tras detectarse en la plataforma Telegram la venta de bases de datos presuntamente pertenecientes a empresas privadas, ante lo cual la dependencia federal anunció el inicio de investigaciones de oficio. El organismo privado, que representa al sector tecnológico en el país, señaló que esta forma de actuar vulnera la presunción de inocencia y genera graves efectos negativos.

El gremio de las tecnologías de la información advirtió que iniciar pesquisas públicas bajo el señalamiento directo a compañías específicas invierte el orden del debido proceso garantizado en la legislación. Se enfatizó que la oferta realizada por terceros en canales ilícitos no demuestra un incumplimiento previo por parte de los particulares ni desacato a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Las empresas agrupadas explicaron que un esquema que sanciona de manera automática la difusión ilícita de información crea un incentivo perverso para las organizaciones delictivas. Este mecanismo entrega a los criminales una herramienta de extorsión, al tiempo que inhibe la comunicación voluntaria de incidentes dentro del ecosistema digital, aspecto clave para reaccionar oportunamente ante vulneraciones.

La asociación sostuvo que la divulgación anticipada por parte de las autoridades compromete el éxito de las investigaciones criminales que competen formalmente al Ministerio Público y a las policías cibernéticas. Difundir públicamente nombres de instituciones alerta a los infractores para eliminar pruebas, merma el valor probatorio de las evidencias y valida ante el mercado negro la autenticidad de los datos filtrados, incrementando su demanda.

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Para solucionar esta problemática, la industria presentó a la autoridad una propuesta integral compuesta por seis medidas concretas para la colaboración conjunta. En primera instancia, plantearon el envío de un aviso temprano y estrictamente confidencial al responsable del resguardo de los archivos cuando se detecte un indicio, otorgando un plazo razonable para contención e informe a los titulares.

Asimismo, propusieron la coordinación inmediata con instancias de procuración de justicia antes de cualquier emisión pública, preservando las pruebas bajo cadena de custodia. Sugirieron establecer criterios claros para regular las alertas a la ciudadanía, la creación de una mesa de trabajo permanente entre gobierno e industria, y la emisión de un protocolo para el manejo seguro de evidencias digitales.

Por último, el sector privado solicitó la creación de incentivos que reconozcan la transparencia de las organizaciones mediante causales atenuantes cuando exista notificación voluntaria, cooperación diligente o programas integrales de ciberseguridad. La organización empresarial reiteró su disposición a trabajar de manera coordinada para garantizar la seguridad digital en México.