La economía mexicana presenta un contraste marcado entre el discurso oficial de resiliencia y los datos duros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el primer trimestre de 2026, el producto interno bruto (PIB) creció apenas 0.2 por ciento anual, mientras la economía informal avanzó 2.0 por ciento. El valor agregado bruto de la informalidad se ubicó cerca de los 6 billones de pesos y representó el 25.2 por ciento del PIB, su máximo histórico desde que existen registros comparables. Esta participación ha aumentado 2.5 puntos porcentuales desde 2018. Los puestos de trabajo remunerados en el sector informal sumaron 16.4 millones, con un crecimiento de 0.4 por ciento.
Estos números dibujan un paisaje en el que la economía formal avanza a paso lento y la informal absorbe una parte creciente de la actividad y el empleo. Más de la mitad de la población ocupada permanece en condiciones de informalidad laboral, según mediciones recientes del Inegi. La productividad por trabajador informal es notablemente inferior a la formal: generan una cuarta parte de la riqueza con más de la mitad de la fuerza laboral. Este desequilibrio limita la base tributaria, reduce la capacidad de generar ingresos públicos estables y perpetúa un círculo de baja productividad y empleo precario.
Paralelamente, los programas sociales representan una carga cercana a un billón de pesos. El gobierno federal enfrenta presiones presupuestales derivadas de un gasto que crece más rápido que los ingresos. Datos de México Evalúa y análisis independientes muestran que, en periodos recientes, los ingresos aumentaron apenas 0.1 por ciento mientras el gasto subió 2.1 por ciento, lo que impulsó el déficit presupuestario en alrededor de 19.6 por ciento respecto al año anterior. La deuda pública alcanzó cifras cercanas a 19.2 billones de pesos en julio, equivalentes a aproximadamente 143 mil pesos por habitante, con un incremento de más de 8 billones desde 2018.
El oficialismo sostiene que la economía “está bien” y resiste. Argumenta que los programas de transferencias han contribuido a reducir la pobreza laboral y a sostener el consumo interno, inyectando recursos directamente a las familias. Desde esta perspectiva, la informalidad es un fenómeno estructural de larga data, no un fracaso reciente, y los aumentos al salario mínimo han mejorado el ingreso de los trabajadores de menores recursos. La administración actual enfatiza la disciplina fiscal relativa y el carácter prioritario del gasto social como inversión en bienestar.
Desde otras posturas, el panorama se interpreta de manera distinta. Analistas y organizaciones como México Evalúa advierten que el crecimiento anémico del PIB, combinado con el avance de la informalidad y el aumento del gasto social sin un incremento proporcional de la recaudación, genera riesgos de sostenibilidad. El déficit creciente y el servicio de la deuda absorben recursos que podrían destinarse a inversión productiva, salud o infraestructura. Algunos economistas señalan que la arquitectura de las contribuciones a la seguridad social y los programas no contributivos puede desincentivar la formalización: los trabajadores y empresas encuentran ventajas en permanecer fuera del sistema formal mientras reciben transferencias universales. Otros advierten que perseguir agresivamente a la informalidad podría afectar a micronegocios y autoempleados de bajos márgenes sin generar una recaudación significativa, dado el bajo nivel de ingresos de gran parte de ese sector.
La tensión es clara. La economía informal actúa como colchón de absorción de empleo en un contexto de crecimiento formal limitado, pero al mismo tiempo erosiona la capacidad del Estado para financiar de manera sostenible los propios programas sociales que busca expandir. El aumento de la deuda y el déficit reflejan que el gobierno gasta más de lo que ingresa de forma consistente. Mientras el discurso oficial destaca resiliencia y redistribución, los datos muestran un modelo que se sostiene en buena medida sobre un sector de baja productividad y un gasto social que presiona las finanzas públicas.
El debate no se reduce a una simple oposición entre “economía fuerte” y “economía en crisis”. Se trata de evaluar si el actual equilibrio —crecimiento formal débil, informalidad en expansión y gasto social elevado— es viable a mediano plazo o si requiere correcciones estructurales en materia de formalización, productividad y responsabilidad fiscal. Las cifras del Inegi y los indicadores de finanzas públicas ofrecen un punto de partida objetivo para esa discusión, más allá de las posturas partidistas.
