La cifra que Palacio Nacional prefiere destacar
En su Segundo Informe de Gobierno, presentado el 1 de septiembre en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum destacó que de enero a agosto la recaudación federal registró 149 mil millones de pesos más que en el mismo periodo del año pasado, resultado que atribuyó a un cobro de impuestos eficiente y honesto. La Presidenta añadió que el manejo responsable de las finanzas públicas se ha apoyado también en el control del gasto, con una reducción de 200 mil millones de pesos en el gasto corriente respecto de 2024. El mensaje es de disciplina: en 2025 los ingresos del Gobierno Federal alcanzaron una cifra histórica de seis billones 46 mil millones de pesos, 487 mil millones más que en 2024.
Los datos duros del propio gobierno respaldan parcialmente esa narrativa. Según el Comunicado 70 de la Secretaría de Hacienda, al cierre de julio de 2026 el déficit presupuestario resultó 268 mil millones de pesos menor a lo programado, y el balance primario registró un superávit de 13 mil millones de pesos. Un trimestre antes, el déficit presupuestario ya había sido inferior al programa en 358 mil millones de pesos, con un superávit primario de 115 mil millones.
La otra lectura: metas incumplidas y presión estructural
Sin embargo, cumplir mejor que lo presupuestado no equivale a resolver el problema de fondo. El análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad sobre el cierre de 2025 es más severo: el déficit en su medida más amplia, los Requerimientos Financieros del Sector Público, se ubicó en 4.8% del PIB, por encima de la meta de 4.3% y lejos del objetivo original de 3.9-4.0% planteado en los Precriterios. La deuda, en su medición más amplia, tampoco cede: el Saldo Histórico de los RFSP alcanzó un máximo histórico de 18.8 billones de pesos, equivalente a 53.1% del PIB, mientras que la inversión física del sector público registró su nivel más bajo desde 2021.
Para 2026 y 2027, la propia Hacienda reconoce que la corrección será gradual: el déficit fiscal bajará a 4.1% del PIB al cierre de 2026 y a 3.5% para finales de 2027, mientras que la deuda pública en su medida más amplia se ubicará en 54.7% del PIB este año y en 55% el próximo. Es decir, el propio gobierno proyecta que la deuda seguirá creciendo en 2027 aun cuando el déficit se reduzca, una aparente contradicción que solo se explica si el crecimiento económico y la refinanciación de pasivos compensan el nuevo endeudamiento.
El verdadero punto de fricción: qué sostiene el gasto social
El diagnóstico de mediano plazo del CIEP añade una capa que rara vez aparece en los informes presidenciales: la transición demográfica hará que existan menos personas trabajando y más demandando pensiones, salud y cuidados, lo que pondrá mayor presión sobre el gasto público y un menor impulso sobre la recaudación tributaria. El mismo centro advierte que, si el endeudamiento no se controla, el saldo histórico podría ascender a 58.9% del PIB hacia 2031, y subraya que el costo financiero de la deuda pasó de 2.1 billones de pesos en 2009 a 4.1 billones en 2026, un aumento real de 95.2%, superando desde 2015 el gasto total en educación pública.
Ahí radica la fricción real del Segundo Informe: mientras la Presidenta defiende la austeridad como principio —»no hemos comprado vehículos de lujo ni destinado recursos públicos a gastos innecesarios»— y anuncia que los Programas para el Bienestar llegarán a más de 42.8 millones de personas al cierre de 2026, con una inversión cercana a un billón de pesos, la sostenibilidad de esa promesa depende de una recaudación que, según Hacienda misma, creció apenas 0.4% real anual entre enero y junio, muy por debajo del ritmo de expansión del gasto social comprometido.
La pregunta que el Informe no resuelve
El gobierno puede exhibir, con razón, un déficit menor al programado y una recaudación en ascenso nominal. Pero la brecha entre el discurso de disciplina fiscal y las advertencias sobre deuda histórica, inversión física a la baja y presión demográfica creciente no se cierra con un comunicado trimestral. ¿Podrá la próxima consolidación fiscal, calificada por la propia Presidenta como «paulatina», sostenerse sin sacrificar ni la inversión pública ni el billón de pesos prometido en programas de bienestar?
