Cuando el «otro» delito supera al asesinato
En el primer semestre de 2026, el gobierno federal presentó una reducción de 30% en homicidios dolosos respecto al mismo periodo de 2025: 8,988 víctimas, la cifra más baja en el sexenio en curso. El dato fue recibido como prueba de éxito de la estrategia de seguridad. Sin embargo, un análisis metodológico de la organización Causa en Común, basado en el sistema de alertas que cruza los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con fuentes documentales independientes, sugiere que la fotografía oficial esconde tantas preguntas como respuestas ofrece.
El síntoma de las categorías vecinas
La hipótesis central del informe no es que los homicidios «no bajaron», sino que una parte de esa baja podría explicarse por movimientos entre categorías penales contiguas, no necesariamente por una disminución real de la violencia letal. El hallazgo más inquietante: en 12 entidades, las víctimas registradas en «otros delitos contra la vida» superaron el total de asesinatos (homicidio doloso más feminicidio). En 18 estados ocurrió lo mismo con los homicidios culposos —muertes accidentales—, que en conjunto sumaron 8,968 víctimas a escala nacional, una cifra prácticamente idéntica a la de los asesinatos. Estados como Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco y Morelos registraron incrementos superiores al 100% en «otros delitos» mientras presumían caídas en homicidio doloso. La pregunta que el reporte deja abierta —sin acusar de manipulación deliberada— es si el criterio de clasificación de las fiscalías estatales responde a protocolos técnicos uniformes o a incentivos políticos para mantener indicadores favorables.
La brecha con el INEGI
Un segundo punto de fricción surge del contraste entre fuentes oficiales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que registra homicidios a partir de certificados de defunción, contabilizó 27,989 muertes por homicidio en 2025, frente a las 24,344 víctimas de homicidio doloso y feminicidio reportadas por las fiscalías al SESNSP. La diferencia —3,645 casos, cerca del 15%— no prueba alteración alguna por sí misma, dado que ambos sistemas usan metodologías distintas, pero su persistencia en el tiempo exige una explicación institucional que hasta ahora no se ha ofrecido con claridad. En entidades como Zacatecas, San Luis Potosí y Quintana Roo, la brecha entre ambos registros supera el 70%.
Desapariciones: la zona ciega
El informe documenta que en 10 entidades el incremento de personas reportadas como desaparecidas superó el número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio durante el mismo semestre. Yucatán y Veracruz registraron incrementos superiores al 100% en desapariciones, mientras Chiapas, Ciudad de México, Nuevo León y Tabasco superaron el 50%. El documento es cuidadoso en no equiparar desaparición con homicidio, pero subraya que esta «zona ciega» estadística impide dimensionar con precisión la violencia letal real del país.
Feminicidio: la disputa por el nombre
En feminicidio, la controversia se centra en la proporción de muertes violentas de mujeres que las fiscalías deciden clasificar bajo ese tipo penal frente al homicidio doloso genérico. A nivel nacional, solo 29% de esas muertes fueron catalogadas como feminicidio; en Colima y Baja California, la proporción cayó a 7% y 10%, respectivamente. En 14 entidades, el número de homicidios dolosos de mujeres superó considerablemente al de feminicidios, un patrón que el reporte identifica como indicio —no prueba— de posible reclasificación con motivaciones estadísticas.
El estilo de comunicación como variable política
Más allá del registro y la clasificación, Causa en Común señala un tercer frente: la forma en que la Presidencia comunica los datos en sus conferencias matutinas. El informe documenta el uso recurrente de comparaciones temporales que favorecen el argumento de éxito —como contrastar septiembre de 2024, mes de máxima violencia asociado a la detención de Ismael Zambada, con junio de 2026— y de gráficas con ejes truncados que magnifican visualmente los descensos. La pregunta de fondo no es si la violencia bajó, sino si el aparato de comunicación gubernamental permite a la ciudadanía evaluar esa baja con honestidad estadística.
El dilema de fondo
El propio informe advierte que ninguna alerta constituye, por sí misma, evidencia de manipulación deliberada. Puede tratarse de criterios dispares entre 32 fiscalías estatales sin coordinación central, de limitaciones presupuestales para la investigación forense, o de un cambio metodológico genuino iniciado en enero de 2026. Pero la ausencia de mecanismos de auditoría independientes —un vacío que el propio SESNSP no ha resuelto en una década— deja sin resolver una tensión que define el debate sobre seguridad en México: ¿puede una política pública evaluarse con cifras que ella misma produce, clasifica y comunica sin contrapesos externos?
