En el Instituto Nacional Electoral, ese templo de la democracia que tanto se llena la boca hablando de derechos, parece que a los propios trabajadores les aplican la ley del más chingón. Medios y redes han levantado la voz por despidos que huelen a injustificados, y lo más grave: un trato que parece sacado de una película de miedo barata.
La cosa apunta directo a Guadalupe Yessica Alarcón Góngora, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), y a otros funcionarios del instituto. Denuncian que no basta con correr a la gente: los incomunican, los encierran, los agreden y hasta les confiscan artículos personales. Como si fueran delincuentes y no empleados que, hasta hace poco, ayudaban a cuidar las elecciones.
La abogada Mónica Calles ha documentado casos donde, en el último día de labores, personal de varias áreas (UTCE, protección civil y otras) retuvo a una trabajadora durante horas, le quitó el celular y la grabó con aparatos particulares mientras la amedrentaban. Todo, según la defensa, sin fundamento y bajo órdenes de la propia Alarcón Góngora. La reunión duró más de diez horas. ¡Diez horas! Eso ya no es una diligencia, eso es un asalto a la dignidad.
Y no es caso aislado. El propio INE ha reconocido cientos de bajas en lo que va del año (más de 800, según cifras oficiales), muchas presentadas como “renuncias” o “renovación”. Pero los afectados y sus abogados hablan de hostigamiento prolongado, violencia psicológica y presión para firmar la salida. Ya hay demandas ante tribunales laborales. Mientras tanto, los consejeros electorales, esos que deberían ser los guardianes de la imparcialidad, guardan un silencio sepulcral. Ni un “vamos a revisar”, ni un “qué está pasando”. Nada. Como si el acoso laboral fuera un tema de la cocina y no del instituto que organiza la vida democrática del país.
Resulta irónico, por no decir caradura, que la misma institución que sanciona a partidos y candidatos por cualquier desliz, mire para otro lado cuando sus propios funcionarios tratan al personal como si fueran muebles viejos. ¿Quién vigila al vigilante cuando el vigilante empieza a actuar como patrón de hacienda?
Esto no es solo un problema interno. Es una mancha que se va a notar en las próximas elecciones. Porque si dentro del INE se normaliza el miedo, la arbitrariedad y el silencio cómplice, ¿qué credibilidad le queda para exigir a los demás que respeten las reglas?
Alarcón Góngora y compañía tienen el derecho de defenderse. Pero mientras las denuncias sigan acumulándose y los consejeros sigan mudos, la sensación que queda es clara: en el INE, a algunos les sobra autoridad y les falta humanidad. Y eso, en un organismo que presume de ser árbitro, es un gol en propia puerta que nadie debería ignorar.
