Existe una tesis, cada vez más difícil de refutar, sobre la naturaleza profunda de Morena: no es, en sentido estricto, un partido programático, sino una maquinaria electoral perpetua. Andrés Manuel López Obrador instauró como principio no escrito la primacía de lo electoral sobre cualquier otra consideración de Estado, y ese principio explica tanto la heterogeneidad ideológica del partido —que absorbió sin fricción a cuadros del PRI, el PAN y el PRD— como su comportamiento cotidiano ante la crisis.
La evidencia reciente es abundante. Cuando Estados Unidos revocó la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente y exsecretario de Organización de Morena, la respuesta oficial no fue una investigación interna sobre los señalamientos, sino una lectura política: la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la decisión como «de tipo político» que busca injerencia en la vida interna del país. El caso no es aislado: reportes periodísticos señalan que más de 50 políticos y funcionarios mexicanos han sido afectados por revocaciones de visa, entre ellos gobernadores, alcaldes y dirigentes estatales del propio Morena, sin que exista una lista oficial de Washington ni una explicación pública de Palacio Nacional sobre los patrones que conectan tantos casos. La estrategia discursiva ha sido uniforme: presentar cada revocación como agresión externa, nunca como oportunidad de escrutinio interno.
El mismo reflejo defensivo domina la gestión de las crisis sociales. El desabasto de medicamentos, que el gobierno prometió resolver desde el sexenio anterior, sigue vigente: en abril de 2026, durante una gira por Hidalgo, la propia presidenta reconoció que en esa entidad existe un 20 por ciento de desabasto, mientras organizaciones como el Colectivo Cero Desabasto documentan cifras que contradicen el discurso triunfalista de las mañaneras. El patrón se repite: primero la negación, después el reconocimiento parcial ante evidencia irrefutable, y finalmente el anuncio de una nueva medida administrativa que rara vez se traduce en solución estructural, como ocurrió con la fallida «Megafarmacia» del sexenio pasado.
En paralelo, el presupuesto revela dónde están las verdaderas prioridades. El Paquete Económico 2026 asigna casi un billón de pesos a catorce programas sociales, equivalentes al 9.5 por ciento del gasto total proyectado, mientras el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria advierte que el margen fiscal disponible para hacer política pública nueva es de apenas 1.9 por ciento del PIB. Es decir: el aparato de transferencias directas —cuyo pilar, la Pensión para Personas Adultas Mayores, pasó de 113 mil millones de pesos en 2019 a 526.5 mil millones en 2026— crece de forma sostenida incluso cuando la recaudación estructural no acompaña ese ritmo, y cuando otros ramos, como el Poder Judicial o el propio Instituto Nacional Electoral, enfrentan recortes.
Este contraste no es casual. México Evalúa ha señalado con insistencia que cuando las decisiones de política pública se toman más por conveniencia política que por evidencia, el resultado es desconfianza, estancamiento y retroceso. La pregunta de fondo no es si los programas sociales reducen la pobreza —hay evidencia de que lo hacen—, sino si su diseño y expansión responden a una lógica de bienestar sostenible o a un calendario electoral que jamás se detiene, aun en años sin comicios.
La oposición, atrapada en su propia fragmentación, ha explotado el desabasto y la inseguridad como munición política sin ofrecer alternativas de gobierno creíbles, lo que paradójicamente refuerza el argumento morenista de que toda crítica es, en el fondo, un ejercicio electoral disfrazado. Ambos bandos terminan validando la misma premisa: que en México ya no hay política pública, solo estrategia de posicionamiento rumbo a la siguiente urna. Analistas como Jorge Cano, del Programa de Gasto Público de México Evalúa, han documentado que el desequilibrio fiscal se originó desde finales de 2018 con el gasto de la campaña electoral permanente, una expresión que ya no pertenece solo a la crítica opositora, sino al vocabulario técnico de quienes analizan las finanzas públicas.
Lo inquietante no es que un partido busque ganar elecciones —eso es consustancial a la democracia—, sino que la maquinaria electoral haya devorado las funciones ordinarias del Estado: diagnóstico, planeación, evaluación y corrección de rumbo. Si cada crisis se procesa primero como amenaza a la narrativa y después, acaso, como problema de política pública, el país queda administrado por el calendario de Locería Nacional Electoral antes que por el interés general.
¿Puede una democracia sostenerse indefinidamente cuando el aparato de Estado y el aparato de partido se vuelven indistinguibles?
