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El delito de amenazas en México atraviesa un punto crítico en materia de seguridad e incidencia delictiva. Durante la actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum, las autoridades registran un acumulado de 212 mil 880 denuncias por este delito hasta el corte de junio de 2026, de acuerdo con un informe de la consultora TResearch elaborado con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El panorama muestra una tendencia persistente que genera alerta entre especialistas, actores políticos y la ciudadanía en general.
El reporte destaca un importante repunte en el comportamiento mensual reciente. Tan solo en junio de 2026 se contabilizaron 13 mil 015 denuncias formales por amenazas en todo el territorio nacional. Esta cifra representa un incremento del 13 por ciento en comparación con el mismo mes del año 2025, cuando se reportaron 11 mil 497 casos. Con esta adición, el balance acumulado para el primer semestre del año 2026 alcanza la suma parcial de 74 mil 012 carpetas de investigación abiertas por este concepto.
Al analizar la distribución geográfica de los hechos, el estudio revela una alta concentración territorial de este fenómeno delictivo. Tres entidades federativas concentran por sí solas la tercera parte del total nacional. La Ciudad de México encabeza el volumen absoluto de casos con 31 mil 991 registros, seguida por el estado de Guanajuato con 23 mil 037 expedientes y Jalisco con 14 mil 739 denuncias. Juntas, estas tres demarcaciones representan el 33 por ciento de todos los incidentes denunciados durante la gestión federal.
Sin embargo, cuando la incidencia delictiva se mide en proporción al tamaño de la población, el mapa del riesgo cambia de forma notable. Al calcular la tasa por cada millón de habitantes, el estado de Campeche lidera la lista nacional con una cifra de 8 mil 528 denuncias. Le siguen en este indicador las entidades de Baja California Sur, con 7 mil 128 casos por cada millón de habitantes, y Colima, con un registro de 6 mil 009 denuncias. Estos datos ponen de manifiesto que las agresiones verbales e intimidaciones impactan de forma desproporcionada a comunidades con menor número de pobladores.
El comportamiento histórico del delito de amenazas refleja una preocupante estabilidad en niveles elevados durante los últimos años. El pico más alto registrado en la última década ocurrió en el año 2023, cuando se abrieron 140 mil 430 investigaciones en el país. Aunque en los años subsecuentes la cifra experimentó variaciones mínimas, manteniéndose en 138 mil 868 casos durante 2025, el repunte observado a mediados de 2026 confirma que la intimidación continúa siendo una de las manifestaciones de violencia más extendidas y menos contenidas.
Este escenario representa un desafío directo para las políticas públicas de seguridad y la impartición de justicia. La persistencia de las amenazas mina la tranquilidad social y, con frecuencia, antecede a conductas delictivas de mayor gravedad. Para los analistas políticos, atender este foco rojo requerirá una coordinación más estrecha entre los gobiernos estatales y las instituciones federales, así como el fortalecimiento de la capacidad de respuesta inmediata para proteger a las víctimas.
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