El delito de allanamiento de morada ha registrado cifras preocupantes durante los últimos años en México. Entre los registros históricos recientes y las cifras que se acumulan en la actual administración federal, miles de hogares mexicanos han visto vulnerada su tranquilidad. La irrupción no autorizada en propiedades privadas se ha consolidado como un problema persistente de seguridad en diversos rincones del país.
Durante el presente sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se han contabilizado un total de 20,602 denuncias por allanamiento de morada en el territorio nacional, según las estadísticas oficiales con corte a junio. Tan solo en ese mes del año en curso se recibieron 1,337 denuncias ante las autoridades locales. Esta cifra representa un alarmante incremento del 22 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se reportaron 1,094 casos.
El comportamiento histórico del delito muestra una tendencia constante a la alta desde hace una década. En el año 2015 se registraron 12,326 casos y las cifras se mantuvieron elevadas año con año, alcanzando su nivel más alto en 2023 cuando la cifra llegó a 14,708 denuncias. Aunque en 2025 se observó una ligera disminución al cerrar con 13,376 expedientes abiertos, el acumulado del primer semestre del año en curso ya alcanza las 7,226 denuncias, lo que confirma que el problema no da tregua a las familias mexicanas.
Al analizar la distribución geográfica, los números revelan una marcada concentración del problema en tres entidades federativas. El Estado de México, Baja California y Baja California Sur concentran el 34 por ciento de todas las denuncias por allanamiento de morada registradas en la actual administración. El Estado de México encabeza la lista en términos absolutos con 2,718 casos, seguido de cerca por Baja California con 2,458 y Baja California Sur con 1,921 denuncias. Les siguen otras entidades con un número considerable de incidentes como la Ciudad de México, San Luis Potosí, Guanajuato, Coahuila y Veracruz.
Sin embargo, cuando la problemática se analiza en proporción a la población de cada entidad, el panorama cambia notablemente. Al calcular el número de denuncias por cada millón de habitantes, Baja California Sur se coloca a la cabeza de todo el país con una tasa de 2,406 expedientes. En segundo lugar se ubica Campeche con 680 denuncias por cada millón de personas, y en tercer puesto se coloca Baja California con 652. Estas cifras evidencian que, aunque la cantidad absoluta de casos sea menor en algunas zonas, la frecuencia del delito impacta de manera profunda a las comunidades con menor densidad poblacional.
Las estadísticas reflejan una realidad apremiante para la agenda pública y el diseño de políticas de seguridad. El allanamiento de morada no solo atenta contra el patrimonio, sino también contra la tranquilidad de las familias dentro de su espacio más seguro. El desafío para las autoridades locales y federales radicará en fortalecer la prevención, mejorar las tareas de vigilancia e incentivar la denuncia ciudadana para revertir la tendencia al alza que muestra este delito en distintas regiones de la República.
