La deuda pública de México alcanzó los 18.6 billones de pesos, equivalente al 49.8 por ciento del Producto Interno Bruto, según el más reciente informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público. Este monto, registrado a inicios de 2026, implica que cada uno de los aproximadamente 130 millones de habitantes del país carga, en promedio, con una obligación de 138 mil pesos. La cifra no es abstracta: representa un compromiso colectivo que se traduce en intereses, refinanciamientos y limitaciones futuras para el gasto público.
El dato surge en un contexto de expansión del gasto en programas sociales y megaproyectos, financiados en parte con endeudamiento interno. Hacienda insiste en que la trayectoria es sostenible. Argumenta que la deuda se concentra en moneda nacional, a tasas fijas y plazos largos, lo que reduce riesgos cambiarios y de refinanciamiento. Además, el costo financiero ha disminuido en términos reales gracias a la apreciación del peso y a operaciones de manejo prudente del portafolio. Para el gobierno y legisladores de Morena, este nivel se compara favorablemente con otras economías emergentes y responde a necesidades históricas de inversión en bienestar y desarrollo.
Sin embargo, la oposición y analistas independientes cuestionan esta narrativa. Señalan que la deuda se ha duplicado en términos nominales durante el actual periodo de gobierno, pasando de alrededor de 10 billones en 2018 a los actuales 18.6 billones. Critican que el incremento obedece más a un déficit persistente que a inversiones productivas con retorno claro. Cada peso adicional en intereses, advierten, compite con recursos para salud, educación o infraestructura. La percepción de una carga heredada genera indignación: un recién nacido ya “debe” 138 mil pesos antes de recibir su primer salario, mientras que familias de bajos ingresos enfrentan la paradoja de que parte de sus impuestos futuros servirá para pagar deudas contraídas en su nombre.
Expertos de centros de investigación como el CIEP y México Evalúa alertan sobre el impacto a largo plazo. Aunque el porcentaje del PIB se mantiene estable por el crecimiento económico, el monto absoluto crece y presiona el presupuesto. El servicio de la deuda ya absorbe recursos equivalentes a varios programas prioritarios. Para unos, esta situación refleja responsabilidad fiscal ante crisis globales y necesidades internas; para otros, evidencia falta de disciplina en el gasto y una estrategia que hipoteca el futuro de las siguientes generaciones.
El debate trasciende cifras. ¿Es la deuda una herramienta legítima para financiar transformación social o una carga innecesaria que erosiona la soberanía financiera? La respuesta divide opiniones y alimenta polémica: mientras el oficialismo defiende la sostenibilidad, voces críticas exigen mayor transparencia y ajustes para evitar que el endeudamiento se convierta en un lastre estructural. En un país con desigualdad persistente, la responsabilidad de los líderes radica en equilibrar el presente con las obligaciones que dejan a los mexicanos de mañana. La deuda ya no es solo un número en un informe; es un compromiso que todos, sin excepción, terminaremos pagando.
