El Partido del Trabajo (PT) profundiza su distancia con Morena al rechazar el llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo por discrepancias en equidad y representación proporcional, sino con acusaciones directas contra el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. El diputado federal Benjamín Robles, integrante de la dirección nacional del PT, calificó a Jara como “narco gobernador”, señalándolo por supuesta colusión con el crimen organizado, nepotismo y corrupción galopante. Robles aseguró que Jara actuó de manera ilegal para aferrarse al poder pese a perder una revocación de mandato y que, al estilo de los grupos criminales, mandó colocar lonas contra diputados del PT y el Verde que votaron en contra de la iniciativa original.
El Plan B, presentado tras el rechazo en la Cámara de Diputados de la reforma electoral inicial, se centra en tres ejes: imponer topes a los presupuestos de congresos locales para ahorrar recursos y destinarlos a obra pública; reducir el número de regidores en municipios; y ampliar la consulta popular a temas electorales, flexibilizando además los tiempos de la revocación de mandato para permitirla en el tercer o cuarto año de gobierno. Morena defiende estas medidas como herramientas de austeridad y participación ciudadana, mientras la oposición (PAN y PRI) las califica de intento por controlar el proceso político y generar ventajas indebidas.
El PT, por su parte, mantiene reservas. Robles argumenta que la propuesta es inequitativa al coincidir una posible revocación en 2027 con elecciones federales y al priorizar, según su visión, un “partido único”. Aunque algunos reportes indican que el PT y el Verde cerraron filas en un primer momento, la senadora Liz Sánchez confirmó que la bancada petista aún analiza su voto, priorizando equidad electoral. La acusación contra Jara añade un elemento personal y local: Robles afirma haber “padecido” en Oaxaca estas prácticas y exige que el gobernador acepte la voluntad popular expresada en la revocación.
Desde Morena y sectores afines a la Cuarta Transformación se responde con llamados a la unidad. Se rechazan críticas que, a su juicio, debilitan el movimiento en momentos clave y se enfatiza la necesidad de avanzar sin regresiones. No se han presentado hasta ahora investigaciones formales que sustenten las graves imputaciones de colusión con el crimen organizado, lo que abre un debate sobre si se trata de denuncia legítima o de estrategia política interna. Jara, hasta el momento, no ha emitido respuesta pública directa, pero el entorno oficial prioriza la cohesión legislativa en el Senado.
Esta fractura invita a la reflexión sobre la responsabilidad de los líderes de la izquierda. Para unos, las críticas internas fortalecen la democracia al exigir rendición de cuentas y transparencia; para otros, erosionan la alianza y benefician a la oposición en vísperas de 2026. El PT enfrenta el dilema de mantener su independencia crítica sin romper la coalición que lo ha impulsado. Morena, por su lado, debe demostrar que su reforma prioriza el interés colectivo por encima de disputas locales. Mientras no medie una aclaración pública o una investigación imparcial, las acusaciones seguirán alimentando polémica y cuestionando la solidez de la alianza gobernante.
